Militarización: nueva normalidad

Tal y como lo expresó el Presidente en su conferencia mañanera de ayer, estas reformas constitucionales las aprobaron en común acuerdo todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión (Morena, MC, PT, PRI, PRD, PAN).

Sin embargo, se puede entender, si se lee detenidamente ese quinto transitorio, que la actuación extraordinaria de las Fuerzas Armadas se aprobó en el contexto de dar oportunidad a que la Guardia Nacional se consolidara como una institución capaz de contener y disminuir la inseguridad y la violencia que ha prevalecido en el país desde hace varios sexenios y que, año con año, crece.

Modificar lo aprobado por el Congreso de la Unión con el acuerdo emitido contraviene, incluso, lo que ya había sido cuestionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando declaró inválida la Ley de Seguridad Interior publicada el 21 de diciembre de 2017. Aún se puede leer en su página electrónica el comunicado de prensa No. 149/2018 que emitió en ese entonces: “… por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Tribunal Constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional”.

Hoy, ante el fracaso de la estrategia de seguridad pública y de la Guardia Nacional, se entiende que se mire a las Fuerzas Armadas para que sigan participando, pero lo que es falso es que lo harán de forma extraordinaria como decía el quinto transitorio, toda vez que el acuerdo establece una periodicidad de cinco años. Es decir, desde la publicación del acuerdo hasta marzo del 2024. Además, el artículo segundo del acuerdo señala que la Fuerza Armada permanente realizará funciones establecidas en diversas fracciones del artículo noveno de la Ley de la Guardia Nacional, mismas que, entre otras, son: realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en la fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general.

Finalmente, el mismo acuerdo establece la coordinación y no la subordinación de las Fuerzas Armadas al mando civil, precisamente ese punto fue uno de los de mayor controversia y discusión por analistas y estudiosos del tema desde que se estaba debatiendo la Ley de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, porque se dudaba que las Fuerzas Armadas se subordinaran al mando civil de la Guardia Nacional. Hoy ya no queda ninguna duda al respecto.

La creciente inseguridad y violencia que se vive año con año motivó por igual a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a mantener  la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

La presencia cotidiana de los soldados y marinos hizo que los ciudadanos vean normal que realicen tareas de seguridad  por lo que, para la mayoría de personas, quizás, hasta se sorprendan de que el Presidente emita un acuerdo y cause controversia. Pero esa participación siempre estuvo bajo la subordinación del mando civil.

En ese contexto se entiende que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pueda cumplir su promesa de campaña respecto a la no militarización de la seguridad pública, la nueva normalidad que estamos viviendo requiere prevenir escenarios y la forma de enfrentarlos. Por ejemplo, el crecimiento de la pobreza extrema (Cepal: México, Nicaragua y Ecuador serán los más afectados por el covid-19) o la pérdida de más de un millón de empleos.

Sin embargo, lo que no se puede normalizar es que no se respete la Constitución y que no se cumpla con el principio de separación de poderes que debe prevalecer en un sistema democrático.