Invisible la violencia contra los infantes

Sin una política clara y acciones determinantes, las reformas constitucionales y la promulgación de nuevas leyes resultan letra muerta, desde el inicio del sexenio, a pesar de la violencia creciente contra las niñas, niños y adolescentes, no existe ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el presupuesto una estrategia integral o acción relevante para garantizar los derechos de este sector tan vulnerable, ¿quién habla por ellos?

Iniciamos un nuevo año y una nueva década con malas noticias: algunas internacionales y devastadoras, como la de los incendios en Australia y los conflictos internacionales que pueden transitar a bélicos, por motivaciones poco claras.

Sin embargo, las noticias más terribles dan cuenta de los problemas que afectan nuestra vida cotidiana. Los más graves de estos y que sin lugar a dudas son el talón de Aquiles del actual gobierno: la inseguridad y la violencia. Las noticias son demoledoras: niños, mujeres y familias completas son agredidos en los retenes de la mafia o son víctimas del fuego cruzado por las disputas entre los cárteles o en enfrentamientos con la policía. Los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) demuestran que, año tras año, la violencia crece de forma exponencial y llegaron a una cúspide en el 2019.

No han sido suficientes los discursos de buena intención del Presidente de la República, ni los cambios a la Constitución ni la promulgación de nuevas leyes ni la creación de la Guardia Nacional, dirigida por los militares. Lamentablemente, la violencia y la inseguridad crecen y se extienden contra sectores que no habían sido afectados de la forma en que lo son en los últimos tres años y, especialmente, en el 2019. Me refiero a los que afecta a mujeres y a niños, niñas y adolescentes.

En el caso del sector femenino, la violencia se ha visibilizado no sólo porque se ha incrementado, sino porque las mujeres denuncian, se unen, marchan, cambian leyes y exigen presupuestos. Pero en el caso de las niñas y niños no hay visibilidad de lo que les sucede, salvo por el trabajo de organizaciones sociales, que no está demás decirlo, en este sexenio son despreciadas y sentenciadas a nulo apoyo por el titular del poder Ejecutivo.

Para visibilizar la violencia contra jóvenes, niñas y niños, vale la pena observar dos documentos que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2019: El estudio de Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México y su informe del año 2018.

En el primero, la CNDH definió los factores de riesgo para las niñas, niños y adolescentes e hizo énfasis en que “la victimización de niñas, niños y adolescentes es un tema frecuentemente invisibilizado, aun cuando es una de las poblaciones más propensas a sufrir violencia…” ¿Quién habla por ellos?

El segundo documento señala que, con base en datos del Inegi y la Unicef, en México hay cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes (35% de la población); 21 millones de ellos viven en la pobreza, 4 millones no asisten a la escuela, la mayoría tiene problemas económicos; entre enero y septiembre del 2018, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas registró 9 mil 672 casos de personas afectadas con edades de entre los 0 a 17 años de edad en el fuero común y, 382 en el fuero federal. Un dato sobre la violencia extrema es dramático: cada 30 minutos llega una niña o niño a los hospitales por lesiones causadas de forma dolosa y, diariamente, mueren tres por la misma razón.

Es una voz de alerta la información publicada por Alejandro Páez (La Crónica de hoy, 6/01/20) quien, con datos de la organización Red por los Derechos de la Infancia, escribió que en los últimos 13 años han sido asesinados alrededor de 20 mil niñas, niños y adolescentes (796 correspondían al periodo de enero septiembre del 2019, SNSP).  Desde hace varios años, ya se habían realizado diagnósticos y estudios prospectivos de organizaciones como Save the children sobre la problemática. De hecho, esos análisis motivaron que en el 2014 se promulgara la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoció a este sector como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de nuestra Carta Magna, pero cuando un gobierno omite instrumentar las políticas públicas para atender a los factores que afectan la vida de las personas, se convierten en discurso y no en realidad que responda al voto de confianza que se le otorgó.