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Federalismo y COVID-19

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

 

Las tensiones políticas por el tema de salud que se venían presentando entre los ámbitos federal y estatal del Poder Ejecutivo se han incrementado por la crisis de la pandemia COVID-19. A principio de año, el motivo de confrontación fue la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la negativa de varios gobernadores a aceptarlo.

En ese contexto, cabe recordar que iniciaron las protestas de médicos y enfermeras que denunciaron no tener insumos para atender a los usuarios de los servicios que, en la mayoría de casos, tuvieron que pagar cuotas de recuperación o comprar los medicamentos de sus enfermos. Incluso, familiares de niños con cáncer dieron fuertemente la pelea para que se les siguiera dando el servicio como sucedía desde 2000.

La pandemia representó la gota que derramó el vaso respecto al tema de salud. A pesar de las consecuencias negativas que afectan directamente la vida de los ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha convocado a un pacto nacional en el cual los gobernadores de las entidades u otros sectores, como el  político o el social, estén incluidos, lo que si ha sucedido con el sector empresarial.

La falta de coordinación para hacer un frente unificado en materia sanitaria ha llevado a que los gobiernos de los estados establezcan medidas y acciones independientes de lo que el gobierno de la República realiza. De hecho, la diferencia en la aplicación de medidas contra el COVID-19 fue explícita hasta entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México. Como un espejo de lo que sucede en la relación vertical entre el ámbito federal y estatal, se reproduce en la relación del ámbito municipal y estatal (existe un pluralismo político que se evidencia en el hecho de que los municipios están encabezados por gobiernos de diferente filiación política a la del gobernador). En un gran número de municipios han decidido aplicar sus propias estrategias para enfrentar la pandemia, incluso, algunos gobiernos locales, han cerrado los accesos de las comunidades a personas que no habiten en ellos.

Se suma a este panorama el hecho de que médicos y enfermeras han seguido manifestando la falta de herramientas mínimas para atender con seguridad a los pacientes sospechosos de la enfermedad, por ejemplo, guantes, uniforme adecuado y cubrebocas de uso especial. Lamentablemente, a pesar de que el gobierno informó que ha adquirido los insumos para el personal del sector salud, algunos gobernadores evidenciaron que los entregados para repartir en los hospitales de sus entidades no son de materiales adecuados.

La desesperación de los gobernadores es mayor cuando, además de enfrentar los problemas de la expansión del virus, en las últimas semanas hubo incremento de la violencia y la inseguridad. Sus poblaciones ya resienten las negativas consecuencias en el ámbito económico por la cuarentena y se prevé que serán más graves por el quiebre de pequeñas y medianas empresas y la inminente pérdida de miles de empleos tanto formales como informales.

Ante esta circunstancia, el pasado 11 de abril algunos gobernadores de diferente filiación política, manifestaron su intención de que se revise el pacto fiscal porque, a decir de ellos, no reciben un trato adecuado por parte de la Federación ya que, aun cuando son las entidades que más producen ingresos, reciben menos aportaciones. Efectivamente, si revisamos el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para ejercerse por las entidades en 2020, encontraremos que, en orden decreciente, grosso modo, los que más reciben recursos son Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Guerrero. Sin embargo, esta distribución tiene varias razones de ser, además de las reglas que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal. Una de ellas es el número de personas que habitan en esos lugares, pero la más poderosa razón es la situación de pobreza de sus pobladores y la aspiración para conseguir disminuir la brecha de desigualdad económica que prevalece.

De esta forma, sin demeritar las razones que motivan a que los gobernadores exijan una revisión del pacto fiscal, en este momento lo que se requiere con urgencia es que el gobierno federal dote de los insumos necesarios y adecuados al sector salud para enfrentar con la mayor eficacia posible la pandemia. Seguramente, en el corto plazo, se tendrá que revisar el pacto fiscal y las medidas extraordinarias que se deben generar para enfrentar las consecuencias económicas, incluyendo las que no quiere el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el endeudamiento y la suspensión de sus obras (refinerías y aeropuerto, entre otras).

 

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