El 30 de septiembre concluyeron dos años del gobierno de la primera mujer Presidenta de México, y surgen las preguntas: ¿la vida de las mujeres es mejor cuando gobierna una mujer? ¿De verdad “llegaron todas”, como dice Sheinbaum? Se entiende que la repetida frase se refiere a que las mujeres son tomadas en cuenta en las decisiones de gobierno, a diferencia de las administraciones encabezadas por los hombres, incluido el presidente López Obrador. Ciertamente, hay un cambio visible de estrategia en cuanto a la política de igualdad de género. Se transitó de la política cero del sexenio anterior, a la política de “la igualdad sustantiva” ¿Qué resultados han producido esos cambios?
Hay que aclarar que, a pesar del retroceso en la materia de igualdad de género del sexenio anterior, la Presidenta no inició de cero, porque, antes de 2019, ya se había construido un robusto andamiaje jurídico e institucional para garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres. Por ejemplo, la reforma constitucional de paridad política de 2014, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia; el mecanismo de declaratoria de las Alertas de Violencia de Género, y la tipificación el feminicidio; también existía el Instituto de la Mujer, dos sistemas nacionales de coordinación sobre igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, respectivamente.
De esta forma, se sumaron las reformas aprobadas durante el periodo 2019- 2026: la paridad total (2019), que amplía los efectos de la reforma de paridad política de 2014, para que todos los cargos públicos fueran asignados de forma paritaria; la de igualdad sustantiva (2024), que está encaminada a garantizar la autonomía económica y física de las mujeres; la igualdad salarial y la reducción de la brecha de género; la incorporación de la perspectiva de género, la debida diligencia, la interculturalidad y la interseccionalidad en seguridad pública y atención a víctimas; la creación de un Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección; la ampliación de las obligaciones de las autoridades en materia de acceso al empleo y cuidados; y el fortalecimiento de la respuesta institucional frente a las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas. Y, finalmente, la reciente reforma sobre feminicidios que viene a concentrar la política de erradicación de la violencia en el ámbito federal.
Lamentablemente, ninguna de las tres reformas constitucionales ha logrado producir cambios sustanciales en la vida de las mujeres. De las tres autonomías que sirven para evaluar la materia de igualdad de género, sólo la de toma de decisiones ha tenido avances sustanciales en cuanto a la presencia numérica en los espacios de poder público, pero sólo los de elección popular, es decir, con base a la reforma de 2014. Incluso, a pesar de que Morena tiene una presencia hegemónica en los espacios de Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las mujeres siguen excluidas de la verdadera toma de decisiones, por ejemplo, en el Congreso federal y los locales, las mujeres son excluidas del liderazgo de las juntas de gobierno y de las presidencias de las comisiones ordinarias estratégicas (presupuesto, hacienda, puntos constitucionales, justicia y gobernación).
Sobre la autonomía económica, las mujeres que tienen trabajo formal tienen mejores ingresos, pero la brecha de desigualdad sigue siendo igual que en los anteriores gobiernos: en 2024, el ingreso promedio mensual de los hombres fue 4 mil 111 pesos superior al de las mujeres (ENIGH 2024), y la inserción económica femenina sigue siendo más elevada en la informalidad: En 2018, de las mujeres ocupadas, 56.9% se encontraba en informalidad laboral, frente a 56.4% de los hombres, pero, en mayo de 2026, la tasa fue de 55.7% entre las mujeres y de 54.9% entre los hombres (ENOE)
Respecto a la autonomía física, sí hay disminución del número de feminicidios y homicidios dolosos comparados con el sexenio anterior, pero en estos ocho años se han multiplicado las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, las lesiones dolosas y la violencia sexual. Es decir, revertir la política cero de López Obrador no se logrará durante el gobierno de la primera mujer Presidenta.