Miles de médicos y enfermeras se fueron a casa

Algo muy grave debe estar pasando en el sector salud del país, o en nuestra sociedad, para que miles de médicos, enfermeras y personal administrativo de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE hayan decidido irse a sus casas en la última semana de marzo pasado y abandonar la primera línea de batalla contra el coronavirus, aun a sabiendas de la falta de personal en clínicas y hospitales.

Bajo el amparo del acuerdo que emitió el secretario de Salud, el cual establece que las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, miles de trabajadores del sector salud optaron por irse a descansar a sus casas con goce de sueldo. Situación que no ocurrió con la pandemia de influenza AH1N1, en el 2009.

De acuerdo con cifras oficiales, estas bajas representan un 11% del personal de todo el sector salud. Pero, dependiendo el área, hay hospitales que reportan de un 2% hasta un 30% de pérdida de personal por este motivo. En el IMSS se estima que la cifra de médicos, enfermeras y personal administrativo de diferentes áreas asciende a unos 10 mil trabajadores. Y en el ISSSTE han preferido ocultar la información del tema.

Donde más ha pesado la disminución de personal ha sido en los hospitales que fueron designados para atender pacientes con COVID-19, y en los que tienen pacientes que no pueden detener sus tratamientos.

De ahí la preocupación y las campañas del gobierno para contratar a médicos y enfermeras para la contingencia. Y tienen razón de estar preocupados, porque si la curva de contagios no logra frenarse podremos estar ante escenarios como los que viven España e Italia, pero con menos médicos y enfermeras.

Frente a esto resulta necesario preguntarnos, como sociedad y como país, qué está pasando para que médicos y enfermeras hayan decidido irse a sus casas.

De un lado tenemos a quienes dicen que está bien que este personal se haya ido porque son parte del sector vulnerable ante el coronavirus y porque no contaban con equipo de protección. Y del otro lado tenemos a quienes se quedaron a trabajar y hacer frente al COVID-19, pese a su estado de salud, anteponiendo su vocación y su juramento de proteger a sus pacientes en todo momento. Me quedo con estos últimos y desde aquí mi más sincero reconocimiento para ellos.

ABATELENGUAS

Cómo estarán las cosas en el sector salud o qué sabrá el rector de la UNAM y el director del IPN, pues, siendo parte del Consejo de Salubridad General, ambos decidieron retirar a sus médicos internos de pregrado de 70 hospitales de salud a nivel nacional y a los que realizan servicio social, por falta de equipo de protección ante el coronavirus y para no exponerlos a que los manden a hacer tareas para las que todavía no están preparados.

BAJO MICROSCOPIO

En otro tema. Un tribunal federal se negó a suspender el decreto que emitió López Obrador, con el que prohibió la importación de cigarros electrónicos o vapeadores.

Con esta medida se mantiene la prohibición que estableció el Ejecutivo por considerar que pueden generar lesiones pulmonares graves. La cigarrera Philips Morris promovió un juicio de amparo contra dicho decreto.

Su demanda fue admitida a trámite por el juez Séptimo de Distrito en la CDMX, pero les negó la suspensión. Inconforme, la empresa estadunidense impugnó la decisión del juez.

Los magistrados del 20 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la CDMX ratificaron la resolución del juez, con lo que se mantuvo la prohibición de la importación de “vapeadores”.

La decisión se adoptó días antes de la suspensión de actividades por el COVID-19, a mediados de marzo, pero no alcanzó a publicarse en las listas oficiales.

La resolución del tribunal representa un triunfo jurídico importante para el gobierno federal contra la importación y venta de cigarrillos electrónicos.

La prohibición se mantendrá durante el tiempo que dure el juicio de amparo –se prevé dure más de un año–, pues se espera que el caso llegue hasta la Suprema Corte.