Contrario a lo que dice Claudia Sheinbaum, en este caso particular la visa sí define a la persona y a su grupo político. El hecho de que Estados Unidos le retirara la visa a Andrés Manuel López Beltrán define a la realeza morenista. Lo dijo bien el hermano de Andrés Manuel López Obrador: van por mi hermano, el expresidente. Es probablemente cierto, y también van por Sheinbaum, pero no para destituirla, sino para acotarla y al proyecto de la 4T.
Es posible que alguna corte de EU acuse a López Beltrán de actividades criminales en torno al huachicol, que, según declaraciones presentadas ante la FGR, aparentemente tiene fundamento en la realidad. Sin embargo, la razón no sería tanto por su conducta criminal para hacerse rico a él y su padre, sino porque esa actividad se realizó en conjunto con el CJNG y, por tanto, fortaleció las actividades de una organización terrorista, según la nueva categoría legal que hace EU de las organizaciones de narcotraficantes mexicanos. López Beltrán es acusado de ser socio del narcotráfico. El huachicol puede ser el pretexto, pero la razón de fondo es que la llegada del patriarca a la Presidencia inauguró una nueva era de alianzas estrechas entre el narcotráfico y Morena. La justificación pública fue un planteamiento de paz y justicia: “abrazos, no balazos”.
EU escogió el caso emblemático de esa relación político-electoral con el crimen organizado para hacerle saber al gobierno morenista de México que estaba enterado de su relación operativa con el narcotráfico. No hace falta entender que la información viene de Los Chapitos y del mismísimo Ismael Zambada. El indictment contra el gobernador de Sinaloa y nueve colaboradores provocó un revuelo en la realeza morenista. Sabían que era verídica la información y sabían lo que venía después. Por esa razón, la instrucción dada a Sheinbaum fue clara: ni a Rocha ni a los suyos se les entrega, porque luego vendrán por nosotros. Tan bellamente simple recibió la instrucción de Palenque que lo repitió, palabra por palabra, en su discurso ante el Monumento a la Revolución. De todos modos, dos de los aludidos escaparon a Estados Unidos.
Con la astucia que le caracteriza, López Obrador, presidente, se dedicó a transformar el sistema político mexicano, desde sus raíces y hasta la Constitución. El principio que guió la transformación fue la necesidad de eliminar tanto la alternancia política como la obligación de la transparencia para poder disponer de todo el aparato del Estado para “pacificar” a la nación a través de un nuevo triunvirato compuesto por Morena, las Fuerzas Armadas nacionales subyugadas por la corrupción y el narcotráfico, como economía paralela y con poder de fuego propio. Buscó la posibilidad de plantear su reelección a través de la revocación del mandato, como lo hicieron antes Evo Morales y Hugo Chávez. Pero su voto fue raquítico. Entonces puso el ojo en su Plan C: la captura de la SCJN, junto con los órganos autónomos para la transparencia y la rendición de cuentas. Además, se empeñó en atacar a los órganos electorales con el fin de lograr su total colonización con miembros de su partido. Su éxito fue total. Eso le permitió apropiarse del Congreso nacional en 2024, junto con la Presidencia de la República a favor de Claudia Sheinbaum. El narcotráfico acompañó con financiamiento y apoyo a todas las candidaturas de Morena en el 2024, la Presidencia incluída.
Todas las campanas de peligro sonaron en Washington. Su socio al sur de la frontera había logrado consolidar un Estado-nacional fincado en un triunvirato que incluye al narcotráfico como uno de sus pilares centrales. Junto con ello, proyectaba una política exterior de gran amistad y cercanía con las naciones y bloques adversarios directos de EU. Ése es, en esencia, el origen de la acción de Estados Unidos al retirar la visa al personaje conocido popularmente como Andy. ¿Se pueden esperar próximas acciones? Por supuesto. Morena ha convocado a “202 asambleas populares este fin de semana” para informar sobre la situación política que enfrenta “el país”, sugiriendo que lo de Andy es un problema de todos los mexicanos. No lo es. Es un problema de la realeza morenista, porque son ellos quienes acordaron andar en alianza con los cárteles de la droga. Y son ellos quienes tendrán que pagar los costos de su conducta criminal, no los mexicanos.