En la semana ocurrió un caso terrible en Estados Unidos, país que desde hace muchos años aplica la pena de muerte, a pesar de múltiples errores documentados, tanto en individuos que mataron siendo inocentes, hasta lo que acabamos de ver, errores graves en la dosificación de los fármacos para provocar la muerte. Sólo esos casos deberían obligar a aquel país a discutir a conciencia la pertinencia de conservar ese acto salvaje de asesinar a una persona por los delitos que cometió. Es una conducta que convierte a las autoridades judiciales estadunidenses en lo mismo que están castigando. En el caso concreto es una mujer que condenaron a la pena capital porque hace 30 años asesinó a una compañera. En el momento en el que un juez firma una sentencia para entonces matar a la culpable, convierte a ese juez y a todos los funcionarios encargados de aplicar la sentencia en asesinos exactamente iguales a la persona que está siendo castigada. La única diferencia es que el juez está protegido por las leyes y el sistema político en curso.
El extremo absurdo y de una crueldad inenarrable está en relación con la aplicación de una dosis insuficiente de narcóticos. Esas dosis siempre se deben personalizar porque, si se trata de una persona que ha sido consumidora de sustancias relacionadas, puede presentar mucha más tolerancia a las dosis convencionales; los anestesiólogos están familiarizados con esos cambios de dosificación e incluso a veces se sorprenden de la tolerancia de algunas personas. En el caso de marras, seguramente le aplicaron la “dosis estándar” de acuerdo con su peso y simplemente la persona se durmió y no murió, ingresando entonces a una unidad hospitalaria, en la que la van a “revivir” para someterla de nuevo al procedimiento para matarla. La van a asesinar dos veces, y el fundamento legal es muy simple: la sentencia dice que se le aplicarán los medicamentos hasta causarle la muerte y. como no ocurrió, pues le seguirán aplicando hasta que así ocurra. Mi único deseo es que ahora calculen bien la dosis de medicamento, porque matarla por tercera vez sería todavía mucho mas cruel.
Francamente no entiendo la lógica de un país que presume ser el más democrático y sea capaz, el Estado, de comportarse con esa saña contra una persona que, desde luego, cometió un acto imperdonable, pero ni así se merece lo que está viviendo. Conmueve hasta las lágrimas entender que una persona está sometida a ese trato.
Los países con democracias avanzadas y con mucho más progreso en el tema de los derechos humanos desde luego no contemplan la pena de muerte, que en alguna medida legitima la venganza privada. Nunca podrá ser razonable configurar leyes en función de los deseos más violentos de los familiares de las víctimas. Ojalá que en México no veamos leyes tan absurdas nunca.