El Presupuesto de Egresos

El estudio de la teoría de la Constitución da cuenta de que la función del control presupuestario fraguó el tránsito de las monarquías absolutas a las monarquías constitucionales y luego a las repúblicas. En nuestros días, la autorización de los presupuestos públicos se trata de una facultad reconocida a la mayor parte de los parlamentos del mundo.

Nuestra Constitución señala en el artículo 74, fracción IV, que aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, siendo ésta su potestad más importante, pues le dota de gran poder frente al resto de los Poderes y órganos del Estado.

Se trata de un acto legislativo que contiene una aprobación para que todas las instituciones del Estado —sin excepción— puedan ejercer los recursos pecuniarios que se recauden y se les asignen; es decir, sólo podrán erogar las cantidades que se les hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo.

La importancia del presupuesto radica en que éste sienta las bases para alcanzar las metas y objetivos económicos y sociales que propone el Poder Ejecutivo y autorice el Congreso.

La aprobación del presupuesto en nuestro país ha cambiado a lo largo del tiempo. Hasta 1997, existía un partido político que ejerció un poder hegemónico en el Poder Legislativo, lo que propiciaba que el proceso de aprobación se llevara a cabo de manera rápida y ágil.

Con la maduración del pluralismo democrático, los Congresos sin mayorías absolutas y las alternancias en el poder, la necesidad de tener que haber negociaciones partidarias para la autorización del presupuesto ha traído consigo tensiones y dificultades democráticas para alcanzar consensos, dentro de un debate cada vez más amplio e intenso.

Como producto de todo ello, mediante una reforma constitucional al mismo artículo 74 —llevada a cabo en julio de 2004—, se modificó el texto para adicionar a la Cámara de Diputados la facultad de “modificar” el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo; porque hasta ese entonces, los diputados sólo podían “examinar, discutir y aprobar”.

Otro cambio introducido por la citada reforma fue el término que los diputados tienen para aprobar el presupuesto, estableciéndose como fecha límite el 15 de noviembre.

Ese mismo año, durante el proceso de aprobación del Presupuesto 2005 enviado por el presidente Vicente Fox, la Cámara de Diputados realizó modificaciones importantes a la propuesta. En respuesta, el Ejecutivo no quiso publicar el decreto y devolvió el documento con observaciones, las que no siendo aceptadas por la Cámara, motivaron que el Presidente interpusiera una Controversia Constitucional en contra de la Cámara por no haber aceptado tales observaciones.

En la actualidad, la falta de acuerdos políticos ha llevado que las negociaciones se traben y la cruda realidad se imponga, pues no hay presupuesto que alcance para satisfacer los reclamos de todos los sectores.

La aprobación del presupuesto para el año venidero se realizó en condiciones muy atropelladas y lamentables. Fuera del recinto oficial, con la ausencia de muchos legisladores y el voto exclusivo de los diputados de Morena y sus aliados.

El presupuesto debe ser ante todo un mecanismo de justicia social y desarrollo. De primera intención se observa un crecimiento en la asignación de dinero a los programas de carácter social y disminución a los órganos autónomos. De manera muy preocupante, se dota de menos recursos a la Fiscalía General. Que alguien me explique.

Como Corolario, la frase del célebre economista Adam Smith: “El único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado”.