Para la campaña presidencial de 1920, un desplegado aparecido en los periódicos llamaba así a sufragar por el general Álvaro Obregón: “¿Quiere usted funcionarios honrados? Vote por Obregón, quien ha dicho ‘hay que tomar la honradez de donde la haya’”.
La ironía salta de inmediato a la vista cuando recordamos la socarrona creencia popular de la época, según la cual el llamado Manco de Celaya resultaría menos corrupto por la simple razón de contar con un solo brazo, aunque también se haría famoso por decir que “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”.
Tras la chanza y el fino humor negro que suele acompañar nuestras crónicas políticas, la realidad objetiva nos devuelve de golpe a la gravedad de un problema estructural de muy larga data: México ha batallado con la corrupción desde antes de ser país.
Conviene recordar el episodio de los tiempos del virreinato, cuando el rey Carlos III comisionó al visitador José de Gálvez para inspeccionar a fondo el funcionamiento de las aduanas novohispanas. Aquel alto funcionario desembarcó en Veracruz el 18 de julio de 1765 y se trasladó de inmediato a la capital con facultades plenipotenciarias para examinar minuciosamente los libros y registros del comercio marítimo y terrestre. Lo que descubrió el visitador De Gálvez fue una intrincada y bien estructurada red de contrabandistas en constante contubernio con guardias, vistas de aduana comprados y administradores reales que alteraban impunemente las cuentas públicas para enriquecer sus bolsillos personales de forma descarada.
Aquella expedición punitiva virreinal sirvió para castigar a ciertos funcionarios caídos en la desgracia política del momento, pero no logró erradicar la tupida red de complicidades arraigadas en la burocracia. De entonces a la fecha, la lucha contra la corrupción desde el gobierno siempre ha sido para castigar a los rivales políticos, nunca para terminar con ese flagelo.
Diversos gobiernos han ofrecido acabar con la corrupción, sólo para dejar la tarea sin cumplir. Imposible no evocar en este repaso la Renovación Moral del presidente Miguel de la Madrid, a principios de los años ochenta, una campaña propagandística e institucional que concluyó en medio de la frustración social y la evidente continuidad de las mañas tradicionales en el aparato gubernamental.
Los recientes señalamientos en el Instituto Nacional Electoral, que obligaron a renunciar a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, son la muestra de que nuevamente se ha malogrado ese propósito expreso. Cabe enfatizar que el actual movimiento gobernante llegó al poder montado en la indignación que causó la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, y nuevamente volvemos a ver cómo todo se queda en un discurso y en un pretexto para señalar a los opositores.
Hay que tener en mente las muchas veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó su pañuelo blanco para decretar extinta la corrupción de manera unilateral ante las cámaras y los micrófonos en su conferencia mañanera. Conviene recordar en este punto que Peña Nieto apuntó una vez que la corrupción era inherente a la cultura del país. Yo, en cambio, diría que el ser humano en general es proclive a la deshonestidad, pero que las sociedades que mayores avances han logrado son aquellas que han decidido organizarse de modo que los actos de corrupción no queden sin castigo.
Si en el caso de Taddei sólo se acepta la renuncia de ella y sus subalternos sin ir a fondo en la investigación sobre los presuntos delitos cometidos, podemos estar seguros de que este mal continuará despojando de credibilidad a nuestras golpeadas instituciones públicas. La impunidad persistente destruye la confianza democrática de la ciudadanía, reproduce el viejo vicio de la complacencia oficial y posterga la urgentísima consolidación de un verdadero Estado de derecho.
Mientras no exista una voluntad real y firme para procesar legalmente a quienes vulneran el erario sin importar en absoluto su filiación partidista, cualquier proclama anticorrupción terminará indefectiblemente reducida a pura demagogia estéril y vacía de toda sustancia real.