Soberanía

El 27 de septiembre pasado, a tres días de dejar el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su última visita a Sinaloa para inaugurar la infraestructura de riego de la presa Santa María. Por cierto, la semana pasada colapsó un tramo del canal ...

El 27 de septiembre pasado, a tres días de dejar el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su última visita a Sinaloa para inaugurar la infraestructura de riego de la presa Santa María.

Por cierto, la semana pasada colapsó un tramo del canal principal de dicha obra –inaugurada, como le digo, hace menos de cinco meses–, según denunció Rufino Prado Yuriar, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Las Cañas, pero ése es un tema distinto al que quiero comentar hoy.

Durante aquel acto, López Obrador hizo una arenga sobre el tema de la inseguridad en Sinaloa, donde tres semanas antes se había iniciado el conflicto entre Los Chapitos y la Mayiza, derivado del secuestro y entrega a las autoridades estadunidenses de Ismael El Mayo Zambada.

“Durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema”, dijo el tabasqueño desde la tribuna, refiriéndose a esos brotes de violencia. “Fue en estos últimos días (que las cosas se descompusieron), por una decisión que se fraguó en el extranjero y que no fue correcta”, añadió. “Por eso no aceptamos el injerencismo. No somos colonia, somos un país libre, independiente y soberano”.

Pero al colocar la culpa de los hechos en esa “decisión del extranjero”, López Obrador dejó fuera de las causas del conflicto la indolencia con que las autoridades –de su gobierno y otros gobiernos, locales y federales– permitieron que miles de armas ingresaran en Sinaloa y, también, que actuaran con plena impunidad El Mayo Zambada, sus secuaces y sus adversarios.

Ayer, en la conferencia de Palacio Nacional, Alejandro Gertz, fiscal general de la República, dio cuenta de tres órdenes de aprehensión giradas contra Zambada.

En registros judiciales incluso son cuatro las que aparecen: en los juzgados Quinto y Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del entonces Distrito Federal; en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, y en el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic, Nayarit. La más antigua data de 1998, hace casi 27 años.

Es decir, hubiera bastado ejecutar alguna de ellas para evitar la situación actual, en la que se cuestiona a Estados Unidos por haber aprehendido y sometido a la justicia de ese país a un ciudadano mexicano que fue sacado ilegalmente de territorio nacional, y quien hoy está reclamando al gobierno de México que lo repatrie y hasta lo chantajea con provocar el colapso de la relación bilateral si no lo hace. La verdad es que el capo debió haber pisado la cárcel primero en México.

La entrevista del periodista Julio Scherer García con El Mayo Zambada –que el mes entrante cumplirá 15 años de haberse realizado– fue una campanada informativa, pero también la demostración de que el gobierno tendría que haber dado con él, como lo logró un reportero.

Después de eso pasaron casi tres lustros y El Mayo Zambada siguió viviendo en la impunidad, como fue a lo largo de más de medio siglo de actividades delictivas.

Así que no es que los problemas hubieran aparecido el 25 de julio de 2024, día del secuestro, como dijo López Obrador en septiembre. Los hubo desde que el poder público permitió la captura del estado de Sinaloa, quién sabe si por impericia, desinterés o complicidad.

La soberanía es, ante todo, la capacidad de aplicar las leyes dentro de un territorio. En los últimos siete meses se ha usado el término con intenciones propagandísticas, queriendo que se vea al país como víctima de una conspiración extranjera.

Si hay alguna violación a nuestra soberanía, ésta ha ocurrido, antes que nada, por la manera en que se ha permitido que grupos delincuenciales impongan su voluntad y hasta cobren sus propios “impuestos” –en forma de extorsión– en vastas franjas del país, sometiendo a miles de personas a un régimen de terror.

Violación a la soberanía es dejar que las carreteras sean feudo de asaltantes. También, que los criminales usufructúen un bien público como son los combustibles. O que manejen a su antojo los centros penitenciarios, donde la autoridad debiera tener el control.

Si de verdad queremos un país soberano, habría que comenzar por ahí. Porque la soberanía, cuando se ejerce, no necesita proclamarse.

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