En el marco de sus festejos por los siete años de la llegada al poder de la autodenominada Cuarta Transformación, varios voceros del oficialismo presumieron que uno de los mayores logros de este periodo ha sido haber acabado con la corrupción.
La narrativa central es que la “honestidad ya no es la excepción, sino la regla”, y que la prueba del éxito de la llamada política de “austeridad republicana” es la ausencia de escándalos en este lapso relacionados con el abuso de poder.
Pero ¿es que realmente se ha erradicado la corrupción o es que el oficialismo se ha esmerado en ocultarla bajo el tapete?
El derecho a la duda existe cuando el aparato de procuración de justicia arrastra los pies ante evidencias de malos manejos y comportamientos oscuros en casa y, al mismo tiempo, se ensaña al perseguir a críticos y opositores por hechos iguales o incluso mucho menos graves.
El país aún no ha acabado de entender por qué, por ejemplo, al senador Adán Augusto López Hernández ni siquiera lo han llamado a declarar sobre su decisión de nombrar como secretario de Seguridad Pública de Tabasco a alguien que resultó ser un líder delincuencial, y, en cambio, se está investigando a la analista María Amparo Casar por recibir una pensión por viudez con base en el aval que dieron autoridades judiciales y administrativas.
Y, ahora, surge una nueva incógnita. Resulta que el director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, fue separado de su cargo poco después de que se diera a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos le retiró la visa para viajar a ese país, pero sin que nadie en el gobierno federal explique por qué se dio la destitución y a pesar de que, según dijo ayer la Presidenta de la República, él había tenido buenos resultados como funcionario, pues fue quien dio el pitazo sobre la llegada al muelle de Tampico del buque Challenge Procyon, cargado de diésel de contrabando, hecho que detonó el escándalo sobre el huachicol fiscal en el ya remoto mes de marzo.
El asunto hace que uno se rasque la cabeza: si Márquez Hernández era un servidor público tan eficiente, ¿por qué lo despidieron? Tanto el martes como ayer, la Presidenta insistió en que fue decisión del jefe de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, pero uno supondría que ese señor no se manda solo y que, para despedir a alguien tan bien valorado por la mandataria, tuvo que haberle avisado y, sobre todo, explicado por qué lo hacía.
Llama también la atención que Márquez Hernández se sostuvo en el cargo durante varias semanas en que fue exhibido por llevar un estilo de vida incompatible con sus ingresos, y que no fue sino poco después de que se conoció el retiro de su visa que se le hizo a un lado, sin que exista, de acuerdo con la Presidenta, alguna investigación en México en contra suya. ¿Acaso la decisión fue despedirlo calladamente sin llamarlo a cuentas?
Asimismo, que se presente como evidencia de su buena labor el haber avisado sobre la llegada del Challenge Procyon y la presencia de pipas en las que era descargado el combustible de contrabando, pues las potenciales ganancias ilícitas por ese embarque —digamos unos 500 millones de pesos, bajita la mano— palidecen frente al boquete de 600 mil millones de pesos que dejó el huachicol fiscal en las arcas públicas, según dijo la procuradora fiscal de la Federación en su comparecencia de octubre ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Antes de cantar victoria en la lucha contra la corrupción —batalla que han perdido todos los gobiernos hasta donde me alcanza la memoria—, lo que tienen que hacer las actuales autoridades es un ejercicio de transparencia. Hay demasiadas cosas que están dejando sin aclarar.
BUSCAPIÉS
*Era cuestión de tiempo para que aparecieran en Washington los reclamos por el petróleo que México ha venido enviando a Cuba. Ayer sucedió, en la Cámara de Representantes, en el marco de la discusión sobre la política de Donald Trump hacia Venezuela y de cara al bloqueo que el presidente estadunidense ha dispuesto para los embarques de crudo de ese país.