Lo que mal empieza no puede acabar bien

Cuando aún faltan varios meses para que se celebre la elección de impartidores de justicia que mandata la reforma judicial, ésta ya se ha convertido, para el gobierno entrante, en un lastre económico y un enredo legal.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo están trenzados en una discusión con el Instituto Nacional Electoral sobre cuánto debe costar la organización de los comicios. A estas alturas del proceso –más aún en uno de carácter inédito como éste, en el que pueden surgir muchos imponderables–, el tema del financiamiento tendría que haberse resuelto hace mucho.

Los cálculos del costo son de lo más variados. Van desde los tres mil millones de pesos, monto sugerido por el diputado Ricardo Monreal, hasta 13 mil millones de pesos, cantidad que, dice el INE, surgió del análisis que se realizó para determinar el monto del presupuesto que está solicitando a la Cámara de Diputados, vía la Secretaría de Hacienda, para el año entrante.

No debiera ser ése un tema opinable, sino técnico. ¿Qué sabrá Monreal de cuánto cuesta una elección? Sin embargo, el miércoles, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le ofreció hacer una rebaja, sin siquiera haberlo discutido antes con sus pares –el resto de los miembros del Consejo General del Instituto–, y sin que se haya estudiado en qué rubros se podría ahorrar.

Éstos eran problemas que antes no teníamos como país y que han aparecido con motivo de la aprobación de esta reforma, cuyo origen se debe exclusivamente a la obsesión del expresidente Andrés Manuel López Obrador de cobrarle al Poder Judicial la afrenta de no dejarlo gobernar sin ataduras.

Hoy estamos viendo cómo ese acto de venganza se ejerció sin tomar en cuenta muchas cuestiones prácticas, como la necesidad de empatar la geografía política con la judicial, o calcular el tiempo que tomará a cada elector revisar los nombres de los candidatos en las boletas antes de emitir su voto (de acuerdo con un estudio del INE, hasta 20 minutos), para así saber cuántas casillas tiene que haber y dónde colocarlas.

Si el propósito exclusivo de la reforma era dotar al país de un mejor Poder Judicial, ¿por qué la prisa de legislar? Pero había que dar un “regalo” de despedida al autor del desbarajuste en el que hoy nos encontramos. Y por eso, dos meses después de expedida la reforma, le siguen apareciendo errores publicados.

Aunque el oficialismo quiera encontrar una variedad de pretextos para justificar cosas como el escaso interés de los abogados en ser candidatos a juzgadores, los problemas se originaron en la idea misma de elegirlos, cosa que había sido desaconsejada por los propios constitucionalistas de 1917.

Hoy el INE está pidiendo más tiempo para llevar a cabo la elección, algo que jamás había sucedido en procesos anteriores. Aceptar dicha solicitud no será cosa fácil para los líderes parlamentarios de Morena –siempre atentos a cumplir los deseos de López Obrador– pues sería un reconocimiento de que la reforma se hizo sin pensar.

Si la fecha de la votación no se cambia y no se dota al INE de los recursos que requiere para organizar debidamente el proceso, el resultado será una elección hecha sobre las rodillas y sin certeza en el resultado.

De no contar con los recursos suficientes, el INE quizá tenga que instalar la mitad de las casillas, concentrando las listas de ciudadanos en “centros de votación”, lo que seguramente propiciará una menor participación.

El oficialismo aprobó a toda prisa y sin reparar en las consecuencias una elección de juzgadores y ahora no quiere pagar por ella.

Pero no es mera tacañería, pues con lo apretado que quedará el Presupuesto de Egresos 2025, por la necesidad de reducir el déficit que este gobierno recibió como herencia del anterior, y con una economía que da señales de estar estancada y quizá no vaya a generar los ingresos esperados, no es que sobren tres mil, ocho mil o, menos aún, 13 mil millones de pesos.

He ahí algunos de los problemas que ha acarreado esta reforma. Y eso que aún no entramos en la parte álgida del proceso, cuando podría evidenciarse aún más lo mala que fue esta idea. Como diría el filósofo Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad?