Fuero

Apenas acaba de arrancar el periodo formal de campaña y los tres candidatos presidenciales postulados por una coalición de partidos y la aspirante independiente al mismo cargo ya tienen una coincidencia: dicen que quieren quitar el fuero al Presidente de la República.

Si bien la primera Constitución que tuvo el país, promulgada en 1824, establecía (artículos 38 y 107) la posibilidad de que el Presidente pudiese ser juzgado durante su periodo de gobierno “por cohecho o soborno” –así como por “impedir que se hagan las elecciones”, entre otros delitos–, con el tiempo se limitó el tipo acusaciones penales que puede enfrentar el Ejecutivo.

El artículo 108 de la Constitución vigente dice que el Presidente “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, lo cuales están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 167) y en otras leyes que regulan esta materia.

Cuando se habla de fuero presidencial, se suelen confundir los dos aspectos que éste entraña: uno es el penal, que es relativo, pues al concluir su gestión el Presidente puede ser juzgado por delitos no graves, cometidos antes o durante su periodo de gobierno, siempre y cuando éstos no hayan prescrito.

El otro aspecto del fuero del que gozan los servidores públicos es el político. Y éste es total en el caso del Ejecutivo, aunque muchos lo ignoran. Es decir, el Presidente no puede ser sujeto de un juicio político –cuya materia son faltas graves a la Constitución, “perjuicio de los intereses públicos fundamentales”, no delitos–, pues no está incluido entre los servidores públicos mencionados por el artículo 110 constitucional. Debe recordarse que el resultado del juicio político, en caso de ser encontrado culpable el acusado, es la destitución y/o la inhabilitación.

Ante la irritación social que han provocado los señalamientos de corrupción, los candidatos Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala han ofrecido, los cuatro, con fraseos levemente distintos, acabar con el llamado fuero presidencial.

Se trata, en mi opinión, de una promesa que busca satisfacer a los electores encolerizados, pero que debiera tener, de entrada, muchos matices. Entre ellos, definir si se habla de fuero penal o fuero político o los dos.

En el lado penal, los candidatos presidenciales se quedan cortos al aclarar si la idea es que el Ejecutivo pierda todo tipo de inmunidad procesal.

No soy abogado, pero si es así, me parece que, por sentido común, el área jurídica de la Presidencia de la República necesita un aumento sustancial del presupuesto que actualmente tiene asignado.

Hoy en día el Ejecutivo no puede ser juzgado –durante el tiempo de su encargo– por delitos no graves como fraude, falsedad de declaraciones y choque imprudencial… Pero no es que tenga permiso para delinquir, simplemente el enjuiciamiento se pospone hasta la finalización de su mandato.

Dejando de lado el catálogo de delitos no graves por los que podría ser juzgado el Ejecutivo en caso de que perdiese toda inmunidad, me pregunto si las fuerzas políticas en la próxima Legislatura del Congreso serían capaces de ponerse de acuerdo en una redacción para modificar los artículos 108 y 110, entre otros.

Me permito ponerlo en duda, pues, desde marzo de 2013, llegó al Senado la minuta de la Cámara de Diputados que busca limitar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el Presidente.

Desde entonces, está en comisiones, detenida por el PRI y una parte del PAN, que consideran riesgoso quitar la inmunidad procesal al Ejecutivo.

Si realmente eso quieren los cuatro candidatos, les bastaría pedir hoy a los senadores que representan sus intereses en esa cámara que desempolven la minuta, la aprueben en los términos en que la enviaron los diputados y esta misma semana tendríamos el primer gran paso para eliminar las áreas de inmunidad de que goza el Ejecutivo.

Pero eso no es todo: también hay preguntarse de qué serviría eliminar el fuero mientras siga pospuesta la creación de la Fiscalía General de la República, sustituta de la PGR, y de la Fiscalía Anticorrupción, que tendrían que estar funcionando desde hace tres años.

Con los desacuerdos legislativos que promueven o disculpan los cuatro candidatos presidenciales, da la impresión de que todos están a favor de mantener la sujeción del Ministerio Público al Ejecutivo. Así que el próximo Presidente podrá quedarse sin fuero, pero no habrá quien inicie una acusación en su contra. Y por eso es una propuesta hipócrita.