Históricamente no ha habido relación más compleja dentro de un gabinete federal que la que se da entre el Ejecutivo y su secretario de Hacienda.
“La primera acción que debe realizar un secretario de Hacienda es dejar firmada su renuncia”, me dijo un día alguien que ocupó ese cargo.
La inferencia es que su trabajo es tan delicado que debe estar siempre listo para dejarlo. El titular de las finanzas públicas tiene que buscar siempre un equilibrio entre los deseos presidenciales y la realidad económica, y, por tanto, saber decir que no a su superior, lo cual es usualmente muy complicado.
“Ayúdame a convencer a Paco”, pedía con frecuencia el presidente Vicente Fox a quienes le solicitaban que les ampliara el presupuesto o creara algún programa, refiriéndose a Francisco Gil Díaz, su secretario de Hacienda, quien, literalmente, cargaba con su carta de renuncia en la bolsa del saco por si el mandatario le llegaba a exigir algo relacionado con el gasto público que se saliera de lo posible.
Y aunque Gil Díaz se mantuvo todo el sexenio, es larga la lista de renunciantes y despedidos en dicha posición. Tan es así que la duración promedio de un secretario de Hacienda en el México moderno es menor a la de la gestión de un presidente municipal.
Después de un periodo de estabilidad, en el que don Antonio Ortiz Mena se quedó 12 años al frente de la Secretaría de Hacienda –el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo detestaba, pero juzgó necesario ratificarlo–, la dependencia ha acumulado 22 titulares en 56 años. Es decir, ha habido un relevo cada dos años y medio.
La historia registra episodios complejos entre el secretario Hugo B. Margáin y el presidente Luis Echeverría; entre Jesús Silva Herzog y Miguel de la Madrid, y entre Carlos Urzúa Macías y Andrés Manuel López Obrador, todos los cuales terminaron con la salida del responsable de las finanzas públicas.
Otros secretarios de Hacienda se han visto convertidos en fusibles para resolver una crisis, como Julio Rodolfo Moctezuma Cid, por los enfrentamientos en el equipo económico del presidente José López Portillo; como Jaime Serra Puche, ante el “error de diciembre” de 1994, y como Luis Videgaray, por el escándalo que se suscitó en 2016 por la visita del entonces candidato presidencial Donald Trump.
Los hechos posteriores a 1970 –cuando México comenzó a vivir crisis económicas recurrentes– nos han acostumbrado a atestiguar relaciones a menudo tormentosas entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, usualmente luchas entre distintas maneras de comprender el uso de los recursos públicos.
Lo que yo nunca había visto, lo confieso, es a un secretario de Hacienda en el papel de checador de precios. A Edgar Amador Zamora lo considero un eficiente servidor público y así lo escribí aquí cuando lo nombraron en el cargo el año pasado; y a Hacienda, como lo describo arriba, la secretaría de despacho más relevante. Por eso creo que la encomienda que dio la presidenta Claudia Sheinbaum a Amador, de ir a los mercados a revisar los precios de los alimentos, no va ni con su formación académica ni con sus responsabilidades legales ni con la relación que ambos deberían establecer.
Comprendo muy bien que la Secretaría de Hacienda pueda discrepar con la Presidencia de la República y viceversa. El Ejecutivo debe fijar las prioridades de gasto y el secretario de Hacienda decir lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Incluso, es normal que, ante una falta de acuerdo, el titular de las finanzas públicas se vaya o lo despidan.
Lo que de ninguna manera entiendo es que se pida al secretario de Hacienda que haga el papel de La Patita, de Cri Cri, mandándolo al mercado para que se espante de lo caro que está todo, como si el Estado mexicano no tuviera otra forma de saberlo. Para cuestiones de precios –que son un efecto de los problemas, mas no su causa– están el Inegi, la Profeco y la Secretaría de Economía.
Si Hacienda pierde su rigor técnico, el Estado pierde su freno de mano. Sin contrapesos, la economía nacional queda a merced de la voluntad de una sola persona.