Después de un ayuno informativo de más de dos años, la investigación sobre el homicidio del político sinaloense Héctor Melesio Cuén se reactivó repentinamente el miércoles, cuando la Fiscalía General de la República anunció la detención de Fausto Corrales Rodríguez, quien fuera colaborador cercano del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en el momento de su muerte, dirigente del Partido Sinaloense y diputado federal electo.
No debe descartarse que esta acción de la FGR haya obedecido a la presión pública para que se avanzara en el caso. Con motivo de las detenciones de los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel y Ángel Aguirre Rivero, así como del intenso cabildeo internacional para traer de vuelta a México al contralmirante Fernando Farías Laguna, muchas voces preguntaron por qué no se actuaba con la misma diligencia en el caso Cuén.
Éste, como se recordará, fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar en que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue maniatado y drogado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, antes de ser subido a un avión, que despegó de una pista cercana, para llevarlo hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde ya lo esperaban agentes estadunidenses para apresarlo.
Lo que sucedió con Cuén se conoció mediante una carta del propio Zambada, hecha pública por su abogado, así como por investigaciones periodísticas. El también exalcalde de Culiacán fue citado, con engaños, en la finca Huertos del Pedregal, al noroeste de la capital sinaloense, para una presunta reunión de reconciliación con el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien Cuén venía acusando públicamente de cometer actos de corrupción, de los que presuntamente eran partícipes sus hijos. En la reunión —que no se llevó a cabo, pues Rocha Moya no se presentó—, Zambada fungiría como mediador.
Como si fuera el guion de una película de mafiosos, Cuén fue asesinado y los guardaespaldas del capo no aparecen desde entonces. Por alguna razón, se dejó vivo a Corrales, quien había acompañado a su jefe hasta dicho lugar. Y en ese momento se inició una maniobra para encubrir el homicidio, buscando dar la impresión de que Cuén había sido asesinado en una gasolinería durante un asalto, versión que fue presentada como cierta —con todo y un video supuestamente probatorio— por la entonces fiscal sinaloense Sara Bruna Quiñónez.
No fue sino hasta que Zambada divulgó su carta que se supo que aquello era mentira, cosa que luego corroboró la FGR, todavía bajo el mando de Alejandro Gertz Manero. Hasta ahora, la fiscal Quiñónez no ha respondido ante la justicia por el engaño; simplemente se le obligó a renunciar a su cargo, siendo reemplazada por Claudia Sánchez Kondo, quien se venía desempeñando como vicefiscal regional de la Zona Centro, lo que la hace tan responsable como Quiñónez del encubrimiento o, al menos, de no haberlo advertido.
La detención de Corrales genera muchas dudas. Entre ellas, por qué no lo mataron aquel 25 de julio de 2024. Se le acusa, por lo pronto, de haber mentido en su testimonio ante el Ministerio Público, pero aquí surgen muchas preguntas: ¿Qué supo de la reunión a la que acompañó a Cuén? ¿Quién la convocó? ¿Por qué tardó dos años la FGR en detenerlo? ¿Qué supo del encubrimiento del crimen?
Pero, además, ¿por qué no se cita a declarar sobre el caso a la exfiscal Quiñónez y a la actual fiscal Sánchez? ¿Qué papel jugaron en la trama el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, acusados ambos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa?
No sé si la FGR, con la detención tardía de Corrales, crea que con eso levantará un dique que contenga el mar de sospechas que flotan sobre el asesinato de Cuén. Lo más seguro es que éste no hará sino crecer. Quizá los fiscales, supuestamente autónomos, no estén dispuestos a hacerle a Corrales las preguntas pertinentes para que diga todo lo que sabe, pero el periodismo, no me cabe duda, no dejará de indagar sobre los sucesos de aquel día para tratar de saber quién hizo qué y quién mintió y por qué.