Suelo, territorio y desarrollo

Por Dr. José Alfonso Iracheta Carroll

Alguna vez te has preguntado por qué nuestras ciudades, sobre todo en la periferia, se ven tan caóticas y desordenadas? Son muchas las circunstancias que generan esto, que van desde la especulación del valor del suelo, hasta los bajos ingresos de buena parte de la población de México; sin embargo, hay otra causa que es tanto o más importante, y tiene que ver con la ausencia histórica del Estado mexicano para orientar la forma en que se ocupa el territorio, y su falta de capacidad para garantizar el cumplimiento de lo que se establece en los instrumentos de planeación, como los planes de desarrollo urbano o los de ordenamiento ecológico y territorial.

Para revertirlo es necesario replantear algunas políticas públicas que se han impulsado que tienen que ver con el desarrollo urbano, la vivienda, el cuidado del ambiente o la compleja relación que existe entre las ciudades y el suelo ejidal, por mencionar algunas. Pero de forma prioritaria, es necesario colocar a la política de suelo en el centro del debate, no sólo porque es el recurso más relevante, y además uno de los más escasos, para transformar la realidad urbana y territorial de nuestro país, sino porque en el suelo está la base para la construcción de las demás políticas. De hecho, parte del fracaso que hemos tenido para controlar nuestro territorio y alcanzar un desarrollo ordenado y sustentable, se puede explicar por la ausencia de una auténtica política de suelo a nivel nacional.

Me explico. La política de suelo de nuestro país por muchas décadas se ha limitado a llevar a cabo procesos de regularización de la tenencia de la tierra, tanto desde el gobierno federal mediante la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), como a través de los diferentes institutos de suelo y vivienda que existen en los estados. Sin embargo, esta forma de actuar tiene una gran limitación y es que, por definición, la regularización es una política reactiva que va detrás del problema. Una vez que se urbaniza suelo que no se debería, es necesaria la intervención del Estado para incorporarlo, de la mejor manera posible, al desarrollo urbano. Sin embargo, la experiencia nos muestra que pueden pasar décadas para que una comunidad que surgió de la ocupación irregular del suelo, logre contar con servicios básicos adecuados y tener una conectividad adecuada con el resto de la ciudad.

Por lo tanto, una Política Nacional de Suelo, como la que proponemos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y en el Insus busca atender la problemática del suelo de forma integral. Por un lado, se enfoca en atacar las causas de la irregularidad, a través de la gestión del suelo que permitan adelantarse al problema y generar una oferta de suelo adecuado para las familias de menores ingresos. Por otro lado, la Política Nacional de Suelo establece criterios para tener ciudades más ordenadas y sustentables, impulsando la redensificación urbana en donde sea conveniente, la ocupación de predios baldíos o subutilizados, y generando instrumentos que orienten la toma de decisiones sobre la ocupación del suelo, y permitan financiar el desarrollo urbano canalizando la fuerza de los mercados inmobiliarios, y de suelo y vivienda, hacia el cumplimiento de la función social del suelo. Lo anterior no es más que lograr que cada decisión relacionada con la ocupación del suelo considere antes que cualquier otra cosa, el beneficio de la comunidad, y no sólo el beneficio de quien la promueve.

Al final, nuestras ciudades y nuestra sociedad serán viables sólo si garantizamos un proceso de desarrollo incluyente en donde todos podamos gozar de los beneficios que tiene la ciudad y un territorio ordenado. Esto implica la necesidad de proteger el ambiente y las zonas de valor productivo, ambiental, histórico, cultural o paisajístico. Pero también implica contar con los medios que, desde el punto de vista económico y financiero, permitan garantizar la provisión de servicios básicos de calidad, accesibilidad a espacios públicos y equipamientos, y generen condiciones para impulsar la actividad económica. Aquí la relevancia de la Política Nacional de Suelo: si me permiten utilizar una vieja analogía, gestionar el territorio de forma adecuada es como generar una marea que hará que todos los barcos suban. Por el contrario, abdicar a esa obligación por parte del Estado implica que el agua bajará hasta que los barcos, tarde o temprano, queden encallados en el desorden, el desastre territorial y ambiental, y la consecuente pérdida de cualquier posibilidad para el desarrollo de nuestro país.