Con tarifas diferenciadas para los sectores agrícola, industrial y de uso público urbano, quienes aprovechan aguas nacionales —ríos, arroyos, manantiales, acuíferos, entre otras fuentes— deben pagar derechos al gobierno federal. En México, este cobro comenzó a aplicarse a partir de 1993, aunque, durante muchos años, la mayoría de los municipios y organismos operadores no lo cubrían. Exigirlo no era políticamente sencillo: se trataba de una obligación nueva y, dadas sus finanzas precarias, muchos de ellos simplemente no estaban en condiciones de asumirla.
Así se fue formando una bola de nieve financiera cada vez más difícil de contener. Frente a ese problema, en 2002 el gobierno federal, a través de la Conagua, planteó una salida razonable: si los estados, municipios y organismos operadores pagaban sus derechos por el uso de las aguas nacionales, podrían recibir de vuelta hasta 100% de esos recursos, siempre que se cumplieran tres condiciones: primero, que el dinero se destinara a proyectos para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; segundo, que existiera una aportación local equivalente y, tercero, que la Conagua revisara y dictaminara como procedentes las inversiones propuestas.
Así nació el Programa de Devolución de Derechos (Prodder), un instrumento simple y eficaz para transformar el pago de derechos en una fuente adicional de financiamiento para el subsector de agua potable y saneamiento. Durante más de dos décadas, este programa ha contribuido a rehabilitar redes de distribución, construir sistemas de alcantarillado, modernizar plantas de tratamiento, reducir fugas y, en general, sostener y mejorar servicios esenciales para millones de personas.
En 2023, el Prodder movilizó una inversión total cercana a 4 mil 940 millones de pesos, en apoyo de 438 organismos operadores. En 2024, el monto fue de aproximadamente 4 mil 792 millones de pesos, con la participación de 419 organismos. El problema hoy se concentra en los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, cuya devolución debió haberse concretado, a más tardar, en diciembre del año pasado. Sin embargo, hasta la fecha, esos recursos no han sido reintegrados a los organismos operadores. Se estima que el monto pendiente ronda los 4 mil 800 millones de pesos.
Esta demora ya tiene consecuencias tangibles. Muchos organismos enfrentan problemas para cumplir proyectos comprometidos, con contratos firmados y obras en curso. Algunos incluso han tenido que recurrir a recursos propios para cubrir esos compromisos, con el consiguiente deterioro de sus finanzas. Desde enero, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), que agrupa a prestadores de servicios de todo el país, ha dirigido comunicaciones a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin obtener, hasta ahora, una respuesta.
La acumulación de retrasos genera, además, efectos estructurales. Sin certeza financiera ni un calendario formal de ministración, los organismos descapitalizados no pueden emprender obras de largo plazo. El resultado es previsible: proyectos fragmentados, costos crecientes y, en muchos casos, obras canceladas.
Retener estos fondos sin un aviso, justificación ni un calendario de reprogramación equivale, en los hechos, a inmovilizar recursos ya comprometidos para proyectos concretos que benefician a millones de personas. La solución requiere voluntad institucional para liberar de inmediato recursos que ya tienen destino.
Se trata de obras y acciones indispensables para atender y mejorar los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento en todo el país. Ojalá el gobierno federal, y en particular la Secretaría de Hacienda, reconozcan la importancia de este programa y lo coloquen entre sus prioridades. Al final, no se trata sólo de números presupuestales, sino de servicios básicos indispensables para millones de mexicanos.