Revocación de mandato, bienestar democrático
No es secreto que la aplicación de las normas suele tener un desfase entre promulgación y su aplicación.
Por Ovidio Peralta Suárez
A raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre del 2019, mediante la cual se reformó el artículo 35 de la carta magna, a efecto de incorporar el derecho de las y los mexicanos para participar en la revocación del mandado, las y los legisladores iniciamos una importante tarea legislativa que tuvo como resultado la promulgación de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
No es ningún secreto que, en México, la aplicación de las normas suele tener un desfase entre su promulgación y su incorporación en la sociedad. Muchas veces contamos con marcos jurídicos de avanzada que tienen que pasar por un largo proceso de adaptación para que además de tener vigencia normativa, su aplicación en el plano de lo social sea efectiva. De tal manera, celebrar la revocación de mandato en este primer ejercicio constituye una oportunidad de especial relevancia para la vida democrática del país.
Contrario a las manifestaciones de la oposición, poner en práctica la revocación de mandato trasciende más allá la aprobación que hoy tiene el Presidente de la República, su ejercicio implica demostrar que las y los mexicanos tienen la capacidad de unirse para buscar el bienestar común de la nación. Por eso no es sorpresa que el Instituto Nacional Electoral hubiese elucubrado una serie de medidas para frenar su realización, que para fortuna de las y los mexicanos, han sido desestimadas por el Poder Judicial de la Federación, que siendo guardianes de la Constitución, han optado por proteger, garantizar y respetar el ejercicio democrático y los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El rumbo del asunto lleva a reflexionar que en la transformación ya no hay cabida para instituciones que anteponen sus privilegios a los derechos de las y los mexicanos, también, que todo presupuesto debe ser ejercido con responsabilidad. No es posible que un órgano que debe conducirse bajo los más estrictos principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, realice gastos que rebasan por mucho lo que sus pares en otros países destinan para la organización del ejercicio democrático.
Estos pretextos disfrazados de preocupación, en realidad develan un profundo temor del INE a que las y los ciudadanos puedan hacer valer su voz mediante el ejercicio de sus derechos político-electorales. Contrario a ello, quienes confiamos en la Cuarta Transformación celebramos la creación de un mecanismo de democracia participativa que permite a la ciudadanía pedir cuentas claras a sus gobernantes y, en caso de que éstas no resulten como lo esperado, exigir que abandonen el puesto que les fue confiado.
Es hora de demostrar que las y los mexicanos somos la base del poder soberano, es momento de demostrar, que en México, la democracia participativa es una realidad y que no sólo se encuentra plasmada en la ley.