Más prohibido, más deseado
La despenalización de sustancias resulta un elemento benéfico, pero ésta requiere de una planeación que prevea cada escenario posible
Por Daniel Aceves Villagrán*
Conocer la historia previene equivocaciones, basta recordar la promulgación de la Enmienda XVII en Estados Unidos que en 1917 comenzó la Ley seca, vigente hasta su derogación, en 1933, con la Enmienda XXI, lapso en el que venta y fabricación de alcohol quedaron vetadas en todo el territorio norteamericano.
Siendo una política poco contributiva a desmotivar y disminuir el consumo, lo que provocó la creación de un mercado de contrabando que derivó en el desarrollo meteórico de poderosos imperios criminales dedicados a distribuir e incluso producir bebidas alcohólicas.
La demanda de productos etílicos no desapareció, se trasladó a bares clandestinos y a la adquisición de productos alcohólicos de procedencia y calidad dudosa, con riesgo de la adulteración de las bebidas.
Como generalmente sucede, las políticas prohibicionistas tienden a provocar un aumento de precios de las mercancías ilegales, lo que favoreció para que las organizaciones criminales continuaran operando redituablemente, bajo el manto de protección y cooptación institucional.
En términos generales, la prohibición de 1917 fue el proceso que convirtió actividades económicas habituales de producción y venta en ilícitos, aquello que por la noche era legal amaneció siendo ilegal, bajo el marco de un débil sistema de seguridad y justicia que no podía con labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento y respeto de la Ley, y por otro lado, desatendió la política en materia de disuasión de la demanda.
La derogación de la Ley seca tuvo una pluralidad de efectos, algunos benéficos como mayor recaudación fiscal, necesaria tras la recesión de 1929 y despresurización del sistema penitenciario y en el ámbito de la salud posibilitó fijar estándares de calidad.
Entre los efectos contraproducentes y subestimados, las organizaciones criminales con estructuras organizadas, jerarquizadas y disciplinadas buscaron nuevas fuentes de ingresos para continuar con estos.
Por lo que a la postre creció la industria de narcóticos, tráfico de armas, prostitución y el juego en ciudades donde hasta entonces el contrabando etílico era la principal actividad ilícita, la migración de actividades criminales es un riesgo.
La despenalización de sustancias resulta un elemento benéfico al sistema de justicia en el marco de protección de las libertades humanas, pero ésta requiere de una planeación que prevea cada escenario posible.
En México, existen mercados negros de productos lícitos como los combustibles, ejemplo visible y dañino por el grado de violencia y afectación económica que provocan.
La prohibición en ese entonces no era el problema y tal vez tampoco lo eran el alcohol o ahora los narcóticos en sí mismos o su respectiva demanda como se piensa, el núcleo del conflicto se compone por deficiencias del Estado para garantizar la seguridad y justicia a la población que atiende, al continuar con un sistema de seguridad y justicia incapaz de dar certezas, las legalizaciones que se efectúen tendrán efectos cosméticos.