El país de los elefantes blancos

Por Jaime Rivera Velázquez*

No todo lo que hacen los gobiernos son políticas públicas. Éstas son cursos de acción bien diseñados y sustentados en diagnósticos y evaluaciones rigurosas. Lo contrario son las ocurrencias (o los caprichos), que en lugar de solucionar problemas dan lugar a los llamados elefantes blancos. Esta expresión tiene su origen en una historia atribuida al rey de Siam, que regalaba elefantes blancos a quienes quería arruinar. Eran animales muy costosos de mantener (comían mucho y requerían muchos cuidados) e inútiles para el trabajo.

Sobre este tema Julio Franco —experto en diseño y evaluación de políticas públicas—, publicó un libro de gran utilidad para todo interesado en las acciones de gobierno: El país de los elefantes blancos. Lecciones valiosas para prevenir desastres gubernamentales. Puebla, IEXE, 2021. Basado en información exhaustiva recopilada y analizada por su equipo de investigación a lo largo de varios años, el autor nos presenta 32 elefantes blancos, uno por cada entidad del país. Por supuesto, no se trata de un listado exhaustivo (por desgracia, esa clase de obras públicas paquidérmicas son muy frecuentes), sino de una selección de casos útiles para exponer el contraste entre las políticas públicas dignas de tal nombre y las decisiones de gobierno impensadas o irresponsables.

Después de revisar las propuestas de diversos autores sobre los elefantes blancos, Franco da su propia definición en tres dimensiones: tiene mayores costos que beneficios sociales, no resuelve el problema público para el que fue creado y queda inconcluso, en desuso o subutilizado. Esa clase de obras públicas inician con buenas intenciones, pero acaban en desastres o en desperdicios de recursos.

Es interesante el esquema de 12 factores que a juicio del autor detonan un elefante blanco. El esquema se basa en la teoría de las políticas públicas. Los seis primeros tienen que ver con el mal diseño del proyecto: no hay un diagnóstico adecuado del problema que se quiere resolver, no hubo un cálculo preciso de los costos de inversión y operación, no se tomaron en cuenta las opiniones de los actores involucrados en el proyecto, no se analizó con detalle la normativa relacionada con el proyecto, no hubo un análisis de costo-beneficio independiente y profesional; el proyecto ejecutivo tenía fallas técnicas. Esas exigencias ignoradas pueden parecer de sentido común para quienes saben de políticas públicas y tienen sentido de responsabilidad. No lo son para quienes gobiernan a partir de ocurrencias o de impulsos egocéntricos.

Otros cuatro factores de obras públicas fallidas se refieren a la etapa de la implementación: la elección de un servidor público sin experiencia para la dirección del proyecto, contratar personal sin las competencias adecuadas, la mala gestión de recursos y, la falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Quedan dos factores, que el autor denomina decisiones desvinculadas del interés público: celebrar festividades o emular obras ostentosas de otros lugares del mundo. El origen de ambos está en un añejo problema humano: el ego de algunos políticos.

Con estas ideas sustentadas en teorías y experiencias, el autor y su equipo realizaron un extenso trabajo de investigación (que fue posible, en parte, gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hasta hace poco vigente) y seleccionaron 32 elefantes blancos, uno por entidad federativa. Aunque no todos son proyectos locales, pues hay varios realizados en su momento por el gobierno federal.

La revisión de los 32 casos es un interesante recorrido y por la potencialidad de las ocurrencias para lo desastroso o al menos para lo inútil. En la larga lista de obras públicas caprichosas hay hospitales sin equipamiento, lienzos charros, centros deportivos poco funcionales y una estela de luz costosísima y de estética muy discutible. Como el ejemplo más caro, La escalera náutica, en Baja California (mil 558 millones de pesos); el más barato, la Pirámide, de Ramos Arizpe, Coahuila.

El autor termina con cuatro recomendaciones relativamente sencillas  para evitar estas construcciones: contratar a un abogado del diablo: alguien que detecte las fallas y riesgos de tu proyecto. Realizar un análisis de factibilidad. Seleccionar al equipo de trabajo con mucha seriedad, y controlar el ego.

Una conclusión interesante del libro es que, aunque la corrupción es un problema grave en la actividad gubernamental, no todos los problemas se originan en ella. De hecho, las ocurrencias, la falta de responsabilidad y la ignorancia pueden ser más dañinas que la corrupción. Por lo demás, las obras públicas mal diseñadas y caprichosas le abren puertas más anchas a la corrupción.

*Consejero del INE.