El combate a la corrupción ha sido, durante décadas, el estandarte de la retórica política en México. Se rediseñan instituciones, se reestructuran dependencias y entidades públicas, se reforman leyes, con la promesa de desterrar un mal sistémico. Sin embargo, al contrastar el despliegue normativo con la realidad objetiva, nos encontramos ante una paradoja recurrente: el andamiaje legal se ha vuelto cada vez más complejo y punitivo, pero la práctica deshonesta persiste casi intocada.
Las cifras resultan contundentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi en 2025, más de 80% de la población percibe la corrupción como una práctica frecuente y su impacto económico representa 17 mil 707 millones de pesos. En el plano internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional también del mismo año, ubica a México en el lugar 141 de 182 países evaluados y en el último sitio entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el plano estrictamente jurídico, hemos presenciado una intensa febrilidad legislativa, reglamentaria e institucional. Desde las profundas modificaciones normativas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pasando por la creación y fortalecimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —como relevo de la antigua Función Pública—, el robustecimiento de las facultades de investigación y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, las reformas en materia de prevención de lavado de dinero que otorgan nuevas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el rediseño de los procesos administrativos de compra, arrendamiento y obras públicas, sólo por señalar algunas de ellas.
Precisemos con claridad: este fortalecimiento de las disposiciones jurídicas y de los entes fiscalizadores no es malo en sí mismo; actualizar los mecanismos de control, dotar de dientes a la Auditoría Superior de la Federación y fortalecer el régimen sancionatorio relacionado con las faltas graves representa un paso técnico indispensable. La falacia radica en asumir que el perfeccionamiento de la norma es la ruta definitiva, pues la técnica legislativa es sólo un instrumento, no la solución de fondo.
Groucho Marx sintetizó con ironía la veleidad humana al enunciar: “Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. La sátira aplica con dolorosa precisión al ejercicio del servicio público. De nada sirve diseñar auditorías en tiempo real, cruces de bases de datos o catálogos severos de sanciones administrativas si el servidor público concibe el marco legal como un obstáculo maleable y adaptativo a sus propios intereses.
El derecho administrativo sancionador investiga y sanciona el desvío de recursos; pero sólo la ética orienta el criterio antes de que la falta se consuma. Para trascender la ilusión del cambio y convertir el régimen anticorrupción en un pilar efectivo de la función pública, la verdadera ruta exige una transformación propositiva: transitar de la mera amenaza punitiva hacia la edificación de una auténtica cultura de integridad.
Necesitamos esquemas de formación ética permanentes, reales e integrales, profesionalización del servicio civil de carrera y un compromiso inquebrantable con la probidad. Sólo cuando los principios dejen de ser maleables, el cambio dejará de ser una ilusión.