En mi columna del pasado 17 de septiembre advertí sobre un serio desencuentro entre los altos mandos de la III Región Militar y la IX Zona Militar con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, y la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios.
El motivo: la violencia que azota a la entidad desde que estalló la guerra entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, tras el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y su entrega a las autoridades estadunidenses.
Mencioné que, durante una reunión de trabajo, las funcionarias responsabilizaron al Ejército de la ola de inseguridad y violencia en todo el estado. La respuesta de los generales Alejandro Vargas González y Julio César Islas Sánchez fue directa: rechazaron los señalamientos y atribuyeron la crisis a la actuación de las autoridades civiles, a las que acusaron de proteger a los criminales.
El intercambio subió de tono. Los mandos militares terminaron por abandonar el salón. Pero el episodio no quedó ahí. La gobernadora interina llevó el asunto ante la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó la salida de los mandos militares que la habían confrontado. La respuesta, de acuerdo con versiones, fue que se realizarían los relevos una vez que tuviera conocimiento pleno de los hechos. No pasó mucho tiempo y los generales fueron removidos, incluido un mando de la Guardia Nacional.
Hoy, las consecuencias políticas de aquel desencuentro vuelven a cobrar relevancia. El pasado martes, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, visitó Mazatlán con el objetivo de supervisar las condiciones de operación de la III Región Militar y revisar las acciones de seguridad desplegadas en Sinaloa, uno de los estados más golpeados por la disputa criminal de su territorio.
El general Trevilla sostuvo reuniones con mandos territoriales para evaluar e impulsar las estrategias destinadas a preservar la seguridad de la población. Sin embargo, tanto la gobernadora como la alcaldesa, pese a tener conocimiento de la visita, no hicieron ningún intento por reunirse con el secretario de la Defensa ni siquiera por cortesía. Esto ocurrió a pesar de que ese mismo día fue encontrada una cabeza humana en el Palacio Municipal, acompañada de una cartulina con amenazas dirigidas a Renato Palacios, padre de la alcaldesa, en la que se le exigía cumplir supuestos acuerdos bajo la advertencia de que habría consecuencias.
La alcaldesa Estrella Palacios justificó entonces que la Secretaría de la Defensa no notificó oficialmente la visita y que fue el titular de SSPC, Omar García Harfuch quien difundió un día antes, en su cuenta de X, que los titulares de las secretarías de Defensa, Marina y SSPC realizarían visitas a Sinaloa, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
También, cuando García Harfuch fue a Sinaloa para supervisar los despliegues operativos, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, así como revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal, anunciado tras las riñas registradas en el Centro Penitenciario El Castillo, donde perdieron la vida 11 reos y un niño, se concretó una reunión con la gobernadora Graciela Domínguez, pero fue breve y no tuvo mayor difusión oficial. Sólo algunas fotografías fueron enviadas a los medios.
En Sinaloa, es evidente: sigue gobernando el narcotráfico. Tanto la mandataria estatal como la alcaldesa perdieron, quizá de manera intencional, la oportunidad de intercambiar información importante con la Defensa y la SSPC para impulsar operativos estratégicos y desarticular al crimen organizado en esa entidad.
DE IMAGINARIA
Las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en contra de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como el conflicto de interés de Guadalupe Taddei, en el INE, han provocado el olvido de temas como el huachicol fiscal y Rubén Rocha Moya.
En el primero, Roberto Farías, uno de los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, señaló directamente a Andy López Beltrán y al senador Adán Augusto López de ser presuntos participantes en el mayor fraude fiscal al país. Y en el segundo caso, Rocha Moya está desaparecido, pero Donald Trump quiere su cabeza antes de las elecciones.