En la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires, Argentina, el administrador de la DEA, Terrance Cole, quien fue expulsado de México por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, hizo un reconocimiento público al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Lo calificó como “un socio de confianza”, además de destacar su trayectoria. Los elogios se dieron tan sólo unos días después de que Cole denunciara la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano.
La presidenta Sheinbaum vio con desconfianza los aplausos y señaló que Cole mantiene una actitud hipócrita, pues, por un lado, alaba a García Harfuch y, por el otro, sigue reiterando acusaciones sobre México y algunos de sus políticos. La misma retórica de EU, pero también vio la oportunidad de aprovechar la buena relación de García Harfuch con la DEA para poner un freno a la intromisión de los López en las decisiones de su gobierno.
La semana pasada, Andy López Beltrán reveló que EU le había suspendido su visa y, a raíz de ello, envió una carta pendenciera a Donald Trump, en la que exigió la renuncia de Marco Rubio y Christopher Landau, lo que puso en aprietos al gobierno de Sheinbaum, al que le ha costado sobrellevar la relación con Donald Trump en temas de seguridad y T-MEC. Y, aunque se pronunció a favor de Andy, alegando una agresión a nuestra soberanía, fue a regañadientes. En Palacio y en un sector de Morena consideran que López Beltrán se ha excedido y es un problema que pone en peligro no sólo al partido, sino al país. El respaldo de su padre, su nula discreción, su falta de oficio y sus relaciones peligrosas con Amílcar Olán, empresario que tiene acercamientos con el CJNG, según algunas grabaciones dadas a conocer, son un riesgo permanente. Hay que recordar que fue precisamente este cártel el que atentó contra Omar García hace unos años y la amenaza persiste; no lo ha olvidado.
García Harfuch tiene la orden de investigar a Andy y al propio López Obrador. El tema del huachicol es el inicio; por eso fue a Argentina, para negociar la deportación del excontralmirante Fernando Farías Laguna, quien llegará a la cárcel del Altiplano y estará ahí para declarar cuando lo consideren pertinente. El exmarino es un hombre clave; su información puede comprometer seriamente a los hijos de López Obrador, al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y al propio López Obrador.
La justicia de EU también quiere a López Obrador; lo acusa de haber permitido, con su estrategia de abrazos, no balazos, el libre actuar de los cárteles para traficar con fentanilo. Ahora se entiende por qué López Obrador se opuso a la llegada de García Harfuch al gabinete de Sheinbaum.
Es un hecho que Washington cuenta con información sobre el huachicol y trabaja en coordinación con el titular de la SSPC para proceder. La clave será Amílcar Olán, quien creó Portacelis Gas and Oil, una empresa que importó 15 millones de litros de combustible ilegal por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y cuyo primer proveedor fue Ikon Midstream, empresa que es investigada en aquel país. Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, confirmó que hay testimonios y una indagatoria que involucra no sólo al hijo del expresidente con dicha empresa, sino también a su hermano Gonzalo y al senador morenista Adán Augusto López, lo que la FGR finge desconocer.
EU ya no ve el huachicol como un simple fraude aduanero. Lo considera una fuente de financiamiento del crimen organizado transnacional. Incluso, autoridades de Texas estiman que los cárteles podrían ingresar a México entre 12 mil y 21 mil millones de dólares en combustible cada año.
DE IMAGINARIA
La salida de prisión del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, después de tres meses detenido en EU, es un mensaje para Rubén Rocha Moya y la 4T. Su conversión en testigo protegido implica que su información será clave para los expedientes de políticos y funcionarios ligados a los cárteles del narcotráfico. Es lamentable que un general del Ejército esté en esta situación, pero Mérida no fue propuesto por la Secretaría de la Defensa; fue por quien era jefe de la seguridad de López Obrador y luego director del CNI, el general Audomaro Martínez.