El derecho a la mentira

Una semana tardó El Universal en disculparse por la entrevista que publicaron en el marco del aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, en la que Edmundo Cázares, el entrevistador, le atribuye a su entrevistado una serie de dichos falsos que no vale la pena replicar. Digo falsos porque, además de que la propia familia de Monsiváis aseguró que el contenido no corresponde con su característico estilo literario ni con su probidad ética, su veracidad no pudo sustentarse por Cázares ni con grabaciones ni con transcripciones.

En sus entrevistas de la última semana, el autor de la mentira se justificó: dijo que en 1999 no publicó los supuestos dichos de Monsiváis sobre López Obrador debido a la censura de aquel tiempo. Pese al deslinde, “su casa”, como él mismo llama a El Universal, acabó ofreciendo disculpas a la familia de Monsiváis y a sus lectores. Con quien no hubo disculpa alguna, a pesar de las mentiras, fue con Andrés Manuel López Obrador.

¿Quiénes pretendieron lucrar con la mentira de Cázares? Los mismos de siempre. Los que inundan las redes sociales al igual que sus mal llamados espacios informativos con narrativas de odio, clasismo y homofobia. Sin embargo, la medalla de oro al despropósito se la llevó la senadora panista Lilly Téllez. Sin el menor pudor ni rigor elemental, validó un texto evidentemente apócrifo y utilizó la tribuna del Senado de la República para dar lectura a la entrevista, coronando su intervención con el insulto de “morenacos” hacia los simpatizantes de Morena. Una muestra más de cómo la oposición prefiere el impacto estridente del bulo antes que tomarse la molestia de hacer su trabajo.

No es ningún secreto que los malquerientes del expresidente y de quienes militan en la Cuarta Transformación, tienen una obsesión patológica con la mentira. Pareciera que no conciben el avance de sus proyectos políticos sin ella. Y, aunque las campañas negras y las fake news no son ajenas a López Obrador, pues las ha padecido desde hace más de 20 años, no podemos normalizarlas. La mentira debe señalarse, condenarse y erradicarse de la discusión pública, y esto pasa necesariamente por los medios de comunicación.

Hace ya varias décadas que un sector importante del ecosistema mediático mexicano se entregó a las agendas políticas de quienes buscan desesperadamente el poder a costa de lo que sea. Existen hoy políticos de la vieja guardia financiando medios digitales de comunicación, dueños de televisoras alineados con intereses extranjeros y comunicadores que, con tal de empujar esas agendas, son capaces de mentir incluso en medio de una pandemia.

En consecuencia, México es el país de Latinoamérica que menos confía en la radio y la televisión —con 30% y 34% de confianza respectivamente—, y el segundo con menos confianza en la prensa escrita, de acuerdo con el último informe del Latinobarómetro.

En México estimamos la libre expresión de las ideas como uno de los pilares más valiosos de nuestra vida pública; en ese sentido, la labor periodística es fundamental. Costó persecución, censura y represión llegar a la prensa libre que hoy conocemos. Le costó al El Nigromante, a Flores Magón, a Buendía, a Javier Valdez y a Miroslava Breach. Y, aunque en las redacciones de las grandes empresas mediáticas la memoria sea escasa, lo menos que se les debe exigir es no pasar por alto que sus audiencias tienen derecho a recibir información verídica, verificada y verificable. La mentira no es un derecho. Episodios tan penosos como el que protagonizó El Universal esta semana no sólo representan un insulto a sus lectores, sino que manchan el oficio de quienes aún ejercen el periodismo con ética y profesionalismo en nuestro país.