Las izquierdas no pierden el poder sólo porque fracasen; lo pierden cuando dejan de representar una promesa creíble de protección, movilidad social y orden. Su crisis comienza cuando administrar el Estado pesa más que transformarlo, cuando el costo de vida, la inseguridad, la corrupción o la incertidumbre terminan siendo más visibles para los ciudadanos que los avances en materia de derechos o programas sociales.
Durante décadas, la justificación ha sido atribuir el retroceso de las izquierdas a conspiraciones de élites económicas o al avance de la ultraderecha. Pero la evidencia apunta hacia una realidad más compleja. La pérdida de apoyo electoral suele responder, antes que nada, al juicio que los ciudadanos hacen sobre los resultados de un gobierno.
Estudios como los del Journal of Democracy sostienen que buena parte de la izquierda perdió su identidad al moderar sus propuestas económicas sin ofrecer un nuevo proyecto capaz de responder al estancamiento salarial, la precarización laboral y el encarecimiento de la vida.
El Pew Research Center ha documentado que, en los últimos años, los partidos gobernantes de distintas orientaciones fueron castigados por electorados inconformes con la inflación, el bajo crecimiento y la sensación de incertidumbre. No se trata de un fenómeno exclusivo de la izquierda: es una crisis de los gobiernos que no logran satisfacer las expectativas ciudadanas.
Otro factor es el cambio en las prioridades políticas. Mientras amplios sectores populares continúan preocupados por empleo, seguridad, salud y vivienda, parte de la izquierda ha concentrado buena parte de su discurso en agendas identitarias o culturales. Esas causas son legítimas, pero cuando desplazan los problemas cotidianos de millones de personas, dejan un espacio que otras fuerzas políticas aprovechan para presentarse como defensoras del orden, la estabilidad o el sentido común.
En América Latina existe, además, una variable que resulta decisiva: la seguridad pública. Ningún proyecto político puede sostenerse cuando la población siente que el Estado ha perdido el control del territorio o es incapaz de proteger la vida de sus ciudadanos. Nosotros somos eso.
México es un caso preocupante: enfrenta una crisis humanitaria por el aumento de personas desaparecidas y la persistencia de los feminicidios. Según cifras oficiales, las desapariciones superan las cien mil, y organismos como ONU Mujeres y el Inegi advierten que la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío central. Además de los vínculos con el crimen, el problema es que la estrategia de seguridad no ha contenido a las organizaciones criminales ni ha garantizado el derecho básico a vivir sin miedo.
Con frecuencia se afirma que el fracaso de las izquierdas obedece a un plan cuidadosamente diseñado por las ultraderechas. Esa explicación resulta políticamente útil, pero intelectualmente insuficiente. Las derechas radicales han crecido en diversos países, pero su avance difícilmente puede entenderse sin los errores acumulados por quienes gobernaban. Ninguna oposición conquista mayorías de manera sostenida si antes el gobierno no ha perdido la confianza de una parte significativa de la sociedad.
Las izquierdas, como cualquier otra fuerza política, pierden cuando dejan de ofrecer resultados verificables. La legitimidad democrática no se conserva mediante relatos, sino mediante instituciones eficaces, crecimiento económico, seguridad, combate a la corrupción y respeto al Estado de derecho, que ha sido destruido.
Cuando la esperanza se transforma en frustración, el voto deja de ser un acto de identidad ideológica para convertirse en un mecanismo de castigo.
Las izquierdas no son derrotadas únicamente por sus adversarios; con frecuencia lo son por la distancia que se abre entre las promesas que despertaron y la realidad que finalmente entregan. Es el caso del “No llegamos todas”.