Uno de los peores delitos que la infamia soporta

Tras el tortuoso mecanismo en virtud del cual al doctor Alejandro Gertz Manero se le dio una patada que ha de arrojarlo, si se cumple lo que él mismo anunció, a la embajada de “un país amigo”, lo primero que tendría que hacer la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) es desistirse de la acción penal contra el supuesto segundo tirador del caso Colosio. Creo que es improbable: nunca se desistió de la grotesca acusación contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, que le costó a esta última 528 días de prisión injusta.

La nueva fiscal general tiene ante sí una tarea compleja y delicada en la nada envidiable función de procurar justicia en el ámbito penal. Pero más importante y urgente que perseguir presuntos delincuentes, a lo que, desde luego, debe abocarse la FGR con la mayor diligencia y el mayor profesionalismo posibles, es dejar de perseguir arbitraria y sañudamente a inocentes imputándoles delitos que simple y sencillamente no pudieron cometer.

Perseguir a un inocente por un delito que se sabe que no cometió es, por decirlo con palabras de Borges, uno de los peores delitos que la infamia soporta. Al autor de un crimen que se le atrapa y se le condena a la pena privativa de libertad se le inflige un mal que afecta gravemente su vida, pues la libertad es uno de los mayores bienes de que los seres humanos podemos disfrutar, pero su conducta criminal lo hace merecedor de ese castigo.

Castigar a un inocente a sabiendas de su inocencia es, en cambio, un atropello de crueldad bárbara. Y castigarlo no es sólo dictarle sentencia condenatoria y encarcelarlo, sino que la persecución es por sí misma un castigo, sobre todo, por supuesto, cuando el perseguido enfrenta el proceso al que se le somete en prisión preventiva, una prisión sin condena previa.

Ése es el castigo que se está infligiendo, contra la razón, el derecho y el sentido común, a José Antonio Sánchez Ortega. Ya en un par de ocasiones se le había imputado ser el autor del segundo disparo contra Colosio, y en ambas oportunidades los jueces denegaron la solicitud ministerial de someterlo a proceso. La FGR, que con el doctor Gertz Manero encabezándola perpetró atropellos atroces, insistió, y la tercera fue la vencida. Esta vez el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez dictó auto de formal prisión contra Sánchez Ortega.

Esa resolución es infame por varias razones:

a) Está comprobado por peritajes en balística que los dos tiros salieron de la pistola que empuñaba Mario Aburto.

b) El primer disparo, el que causó la muerte, fue hecho con el arma en contacto con la cabeza de Colosio, y el segundo a muy corta distancia del cuerpo y con trayectoria de arriba abajo, por lo que el tirador necesariamente tuvo que estar a un lado de la víctima.

c) Hay más de una docena de videos del momento de los disparos y de los momentos inmediatos anteriores y posteriores, y en ninguno de ellos aparece Sánchez Ortega. El nuevo peritaje conjetura que la razón por la cual Sánchez Ortega no sale en ninguno de los videos es que pudo haber estado flexionado al hacer el segundo disparo. Pero el Ministerio Público debe comprobar lo que pasó, no elucubrar sobre lo que pudo haber pasado. ¿El segundo tirador llegó agachado entre la inmensa multitud hasta Colosio y también encorvado se escabulló entre ese numeroso gentío?

d) Además de que los dos tiros salieron de la pistola de Aburto, éste fue detenido con el arma en la mano inmediatamente después de los disparos. Entre uno y otro tiro transcurrieron 2.1 segundos. ¿En ese brevísimo lapso Aburto disparó, le pasó el arma a Sánchez Ortega, éste hizo el segundo tiro y le devolvió la pistola a Aburto sin ser captado por ninguna cámara?

No se requieren luces intelectuales de excepción ni conocimientos jurídicos o criminalísticos elementales para darse cuenta de que en el caso Colosio no hubo segundo tirador. Hayan sido los que hayan sido los motivos de los peritos para elaborar su inverosímil dictamen, los motivos de Gertz para acusar nuevamente a Sánchez Ortega y los motivos de Niño Jiménez para dictar el auto de formal prisión, estamos ante una ruindad que, por justicia y decencia, debería ser enmendada de inmediato.