Una maestra de rodillas, un país secuestrado

No hay palabras para expresar el horror, la náusea, la indignación y la pesadumbre que me ha provocado ese video. La mujer, esposada y de rodillas, es apuntada por las armas largas de 12 hombres que ocultan su rostro mientras ella pronuncia un mensaje.

Era la maestra jubilada Irma Hernández Cruz —“esta persona”, le llamó con impasible frialdad la presidenta Claudia Sheinbaum—, que daba servicios de taxi para completar sus ingresos. Había sido secuestrada a plena luz del día a unos pasos del mercado municipal de su pueblo, Álamo Temapache, al norte de Veracruz: con la privación de su libertad se iniciaba la represalia por negarse a pagar la cuota exigida por el grupo criminal conocido como la Mafia Veracruzana, brazo escindido del Cártel del Golfo.

En el video, la maestra se dirige a los taxistas de su comunidad. Les recuerda que con ese grupo no se juega y los conmina a pagar las cuotas para no correr la misma suerte que ella. Poco después se encontró su cuerpo sin vida. La gobernadora —que llamó miserables a los medios que resaltaron el crimen, no a los criminales— ha informado que el dictamen forense indica que la muerte se debió a un infarto. No conozco el dictamen, no sé si sea veraz, pero comprendo que la angustia extrema vivida por la profesora era apta para reventarle el corazón, y que aun si sufrió un infarto sus secuestradores son culpables de su muerte no sólo por habérselo ocasionado, sino también porque la dejaron morir sin procurarle atención médica. Es estremecedora la crónica de Raúl Trejo Delarbre (Nexos, 29 de julio).

A lo largo y ancho del país, taxistas, comerciantes y transportistas, entre otros trabajadores, son extorsionados. La extorsión implica un poder que desafía al poder de las autoridades. Para llevarla a cabo se requieren, desde luego, los mecanismos que permitan exigir coactivamente pagos a una persona, a un grupo o a toda una colectividad. Pero, además, ese delito tiene su campo de cultivo en una atmósfera de degradación social debida al control territorial de grupos criminales, la ausencia del Estado, la falta de policías y ministerios públicos altamente profesionales, la complicidad de autoridades y la impunidad generalizada.

Los ciudadanos están a la intemperie, a merced de los delincuentes, porque los gobernantes han permitido que los grupos del crimen organizado actúen impunemente, proliferen y crezcan. La extorsión es el síntoma de la podredumbre de nuestro sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Éste es el sistema al que le urge una profunda reforma, pero a los gobiernos federal y locales parece no importarles.

A la intemperie: no aceptar las condiciones de los extorsionadores es una actitud de valor y dignidad, seguramente en muchos casos también de hartazgo, pero quienes se resisten a la extorsión corren el riesgo de sufrir terribles consecuencias que pueden llegar incluso a la pérdida de la vida.

Las incautaciones de huachicol y las detenciones de criminales que han ocurrido recientemente son golpes espectaculares, sin duda, pero no alivian la situación de todos aquellos a los que se les arrebata, vía la intimidación, una parte de los frutos de su trabajo. Se requieren cuerpos policiacos y ministeriales eficaces y cercanos a la gente, a los que pueda acudirse con la certeza de que cumplirán con prontitud y profesionalismo las tareas que les corresponden.

De lo que se trata es de recuperar los territorios, de fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, de poner contra las cuerdas a esos grupos, de generar confianza en la ciudadanía de que se le va a atender con toda diligencia en el asunto más grave y apremiante, que es el de la criminalidad desbordada e impune. El secuestro de la maestra Hernández fue denunciado de inmediato por su familia, pero las autoridades estatales y municipales no reaccionaron con celeridad para buscarla, para rescatarla.

No dejo de pensar en ese video. Es insoportable. Una mujer de rodillas, esposada, obligada a pronunciar un aviso intimidante, en la mira de 12 armas largas, imagen de un país secuestrado por la violencia criminal que creció como nunca durante el anterior gobierno, cuyo presidente no se propuso abatir la incidencia delictiva y la impunidad, sino que, dados sus esquemas mentales, prometió que los delincuentes se harían buenos si se les ofrecían abrazos.