Una batalla crucial

Una batalla decisiva es la que se ha iniciado con la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde finales del siglo pasado se han ido logrando en nuestro país importantes avances en la construcción de un régimen democrático que el Presidente se ha afanado no sólo en detener, sino en revertir.

El titular del Poder Ejecutivo ha erosionado la eficacia del juicio de amparo, ha hostigado a jueces que se atreven a dictar resoluciones contrarias a sus decisiones, logró que un ministro de la Suprema Corte dimitiera para que sus cuentas y las de sus familiares no quedaran congeladas; ha injuriado y calumniado a académicos y periodistas críticos a su gobierno; exhibió datos de Carlos Loret de Mola que, por ley, son confidenciales; capturó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con un fraude sin precedente en el Senado, degradándola para hacerla sumisa a sus designios; ha utilizado la acción penal —a través de la Fiscalía General de la República— para persecuciones grotescamente arbitrarias, ha militarizado el país y un largo etcétera.

El golpe que ahora pretende asestar, digámoslo claramente, no supondría un retroceso más, sino la cancelación de la democracia. Pilares fundamentales de nuestro régimen democrático son el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales. Estas instituciones nos han dado elecciones limpias, transparentes, objetivas e imparciales. No todas han sido impecables, pues, como ha reseñado Héctor de Mauleón, en las legislativas del año pasado se retiraron de la competencia candidatos porque habían sido amenazados de muerte, el día de la votación se secuestró a dirigentes de partidos de oposición y el voto de numerosos ciudadanos fue coaccionado por pistoleros. Pero la actuación de tales organismos, si bien impotente ante semejantes atropellos, es absolutamente necesaria para posibilitar que los sufragios se respeten.

La iniciativa presidencial propugna la desaparición del INE, de los Oples y de los tribunales locales. Un nuevo organismo electoral nacional (el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) y el Tribunal Electoral absorberían a los organismos y a los tribunales locales, respectivamente, lo que llevaría a la sobresaturación del instituto y el tribunal. Pero lo peor es que la iniciativa propone la elección por voto en las urnas de los consejeros sin que se les exija requisito alguno, con lo que el organismo electoral quedaría en manos del partido mayoritario. El mismo mecanismo regiría la elección de los magistrados del tribunal. El profesionalismo y la imparcialidad desaparecerían.

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida también como Comisión de Venecia e integrada por expertos independientes de 61 países, ha expuesto las anteriores objeciones a la iniciativa presidencial, y advierte que, de aprobarse, afectaría significativamente las próximas elecciones de 2024. La comisión también desaprueba la elección de diputados y senadores por listas nacionales, que desconocería la pluralidad, ya que es previsible que sean los partidos grandes los que ganen.

Todos los días hay en el país manifestaciones para protestar por todo, a veces por cuestiones nimias. En estos momentos en que se juega la subsistencia de la democracia en nuestro país la oposición no sólo debe defenderla con toda firmeza en el Congreso, sino también tendría que salir de su letargo y llamar a todos los ciudadanos dispuestos a sumarse a esa defensa a que acudieran a una magna manifestación a expresar pacífica pero muy enérgicamente su rechazo a una iniciativa que sería el jaque mate a nuestro régimen democrático.

No es que nuestro sistema electoral sea perfecto. Pero, como han advertido analistas que no aceptan la vuelta al partido hegemónico y a comicios controlados por el gobierno, lo inadmisible es que se destruya un sistema verdaderamente democrático. “Lo inaceptable es exterminar al INE o privarlo de su autonomía”, sostiene Sergio Sarmiento (“Volver al pasado”, Reforma, 25 de octubre). Como apunté al principio de estas líneas, estamos ante una batalla crucial.