No hubo segundo tirador

La tercera acción penal y la formal prisión contra Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por el homicidio de Luis Donaldo Colosio ocurrido hace más de 30 años, constituyen una vileza mayúscula. La presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez saben que el inculpado —a quien se atribuye ser el segundo tirador en ese homicidio— es inocente. La orden de aprehensión contra Sánchez Ortega había sido denegada en 2023 y en 2024.

Si bien se encontró sangre de Colosio y una partícula de residuos de arma de fuego en la chamarra del inculpado, éste no pudo ser el segundo tirador sencillamente porque no hubo segundo tirador. Está plenamente comprobado por peritajes en balística que los dos tiros contra Colosio salieron de la pistola que portaba Mario Aburto, que uno fue hecho en contacto con la cabeza de la víctima y el otro a muy corta distancia con trayectoria de arriba a abajo. Está también plenamente demostrado con videos que en el momento de los disparos Sánchez Ortega no se encontraba cerca de la víctima, razón por la cual él no pudo haberle disparado.

La sangre de Colosio en la ropa de Antonio Sánchez Ortega se debió a que, junto con otros, cargó a la víctima hasta el vehículo en el que se le trasladó al hospital. La sola presencia de una partícula de residuos de arma de fuego no prueba de manera concluyente que se haya disparado un arma de fuego. La interpretación de la evidencia requiere considerar todas las circunstancias del hecho debido a varias limitaciones, entre ellas la transferencia secundaria: esas partículas son diminutas y pueden transferirse fácilmente. Una persona puede dar positivo en la prueba por estar cerca de alguien que disparó un arma, haber tocado una superficie contaminada o incluso haber estado en un vehículo donde se transportó un arma descargada.

La investigación sobre el asesinato de Colosio es, junto con la de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la más exhaustiva y profesional de la historia de la justicia penal mexicana. Uno de los fiscales especiales del caso, Pablo Chapa Bezanilla —quien se guiaba por las visiones de una vidente—, designado por el procurador Antonio Lozano Gracia, sostuvo que había un segundo tirador y acusó sin pruebas a un chofer de la campaña de Colosio, Othón Cortez, absuelto por el juez Jorge Mario Pardo Rebolledo, más tarde ministro de la Suprema Corte.

Pero las investigaciones de los fiscales Olga Islas y Luis Raúl González Pérez fueron rigurosas y profundas, y con su trabajo quedó evidenciado que Mario Aburto fue el único que disparó contra Colosio. Aburto confesó el delito, aunque posteriormente cambió su versión en varias ocasiones.

La Fiscalía General de la República presentó como prueba adicional para su acción penal contra Sánchez Ortega el testimonio de una compañera de trabajo de Aburto en la fábrica de plástico Camero Magnéticos. La mujer declaró que Aburto fue visitado por un hombre tres veces antes del homicidio. 25 años después dijo identificar a ese visitante como Sánchez Ortega ¡en una fotografía!

Plenamente demostrado que los dos tiros fueron hechos por la pistola que empuñaba Mario Aburto, se ha iniciado proceso como segundo tirador a un inocente a sabiendas de que no hubo tal segundo tirador. Con qué facilidad desde el poder se puede arruinar la vida de una persona. No importa que sea indudable que Sánchez Ortega no disparó contra Colosio: a sabiendas de su inocencia se le procesa.

¿El atropello responde a que la Presidenta requiere un distractor después de que todos sabemos de su culpable inacción ante los reclamos de ayuda del asesinado alcalde Carlos Manzo? ¿Se pretende mostrar que antaño, en los gobiernos que la 4T sataniza como neoliberales, se encubrió a uno de los asesinos de un candidato presidencial? ¿Se trata de echar más lodo a García Luna, jefe de Sánchez Ortega al ocurrir el homicidio, y así salpicar a Calderón?

Sea cual fuere el propósito, encarcelar a un hombre por un crimen sabiendo que es inocente es una infamia.

POSDATA. Desde luego, la policía tiene derecho de defenderse y el deber de detener a los violentos. Pero tras la manifestación del sábado reprimió brutalmente a manifestantes pacíficos. De esa brutalidad no dijo una palabra la Presidenta que, en cambio, reveló nombres y rostros de convocantes a la marcha como si fueran delincuentes, con lo que claramente los pone en peligro.