Los camisas guindas de la 4T

Los camisas pardas —así conocidos por sus uniformes marrones— fueron un grupo paramilitar al servicio del Partido Nazi en Alemania que amedrentaba, por medio de acoso y agresiones físicas, a quienes se consideraba opositores a ese partido. La misma función cumplieron los camisas negras de Mussolini y cumplen los colectivos chavistas de Venezuela.

La 4T ya tiene su propia versión de esa clase de grupos. Llamémosle la de los camisas guindas. Feligreses del gobierno morenista, profiriendo improperios propios de su calaña, hostilizaron a Carlos Loret de Mola y su equipo de Latinus mientras trabajaban en un reportaje sobre las manifestaciones contra las redadas de inmigrantes ordenadas por el presidente Donald Trump. Los facinerosos estuvieron cerca de la agresión física. El ataque obedece a los trabajos de Latinus que muestran los abusos y la corrupción del régimen cuatrotero.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha abstenido de condenar esos asaltos a sabiendas de que una sola palabra suya haría que cesaran. Su silencio parece un aval al acoso. La 4T no sólo ha acaparado el poder eliminando o inocuizando todos los contrapesos, sino que también mantiene bajo hostigamiento y persecución la libertad de expresión.

En Puebla ha entrado en vigor la figura delictiva del “ciberasedio”, que concretará quien “a través de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o moral”. La figura no limita el delito al denuesto contra particulares, por lo que un servidor público podrá denunciar a quien considere que, por criticarlo con insistencia, le ha causado un daño en su integridad moral.

¿Les parece que exagero? En Campeche se vinculó a proceso penal al periodista Jorge Luis González Valdez y a Isidro Yerbes, respectivamente exdirector y representante legal del diario digital Tribuna, por “incitación al odio” contra la gobernadora Layda Sansores. El diario fue clausurado, a González Valdez se le prohibió ejercer el periodismo y se le condenó a un pago de dos millones de pesos por daño moral.

A Karla Estrella Murrieta, ama de casa sonorense, se le condenó ¡por violencia política de género!, con el voto decisivo de la presidenta del Tribunal Electoral federal, Mónica Soto (¡agh!), por referirse al berrinche del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, para que se incluyera la candidatura de su esposa, Diana Karina Barreras, hoy diputada federal. La condena es humillante: disculparse públicamente por 30 días consecutivos, consultar bibliografía sobre violencia contra las mujeres, publicar la sentencia en las propias redes y permanecer 18 meses en el registro de personas sancionadas.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al columnista Héctor de Mauleón y a El Universal retirar un texto en el que informaban acerca de los vínculos de Tania Contreras, consejera jurídica del gobernador, con personas relacionadas con el huachicol.

A estos atentados contra la libertad de expresión hay que añadir los que vienen con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con formas de censura por causales tan vagas, advierte Sergio Sarmiento, como el “interés público” o la “seguridad nacional” (Reforma, 18 de junio). “Sólo con inexcusable ignorancia de estos hechos, o con palmaria desvergüenza, la presidenta Claudia Sheinbaum puede decir que en México no hay censura”, señala Raúl Trejo Delarbre (Nexos, 24 de junio).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la respuesta punitiva del Estado no es convencionalmente procedente para proteger el “honor” de los funcionarios públicos en casos en los que el discurso se encuentra protegido por ser de interés público, como lo son las conductas de tales funcionarios en el ejercicio de sus funciones, aunque ese discurso cause escozor o irritación. En otras palabras, como coloquialmente expresa la jueza Sandra Karina Ibarra Carbajal, a los multimencionados funcionarios les corresponde “aguantar vara” frente a la crítica, protegida por el derecho fundamental de libertad de expresión (La Voz de Jalisco, 20 de junio). “Si algo significa la libertad —escribió George Orwell—, es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír” (“La libertad de prensa”, Ensayos, Debolsillo).

A la 4T le estorbaban los contrapesos y le escuece la crítica, a la que responde no con refutaciones argumentadas, sino con las agresiones de sus camisas guindas, la censura y la vía punitiva.