Lo que nos esperaría

Como es sabido, con el 54% de los votos, Morena y sus aliados pretenden el 74% de los escaños, y que a los partidos de oposición, con el 46%, se les asigne apenas el 26% restante en la Cámara de Diputados. Claramente —y tenebrosamente—, esto sería la ruptura del orden constitucional, así como una deslealtad y una humillante burla a los ciudadanos que acudimos a las urnas a votar por una opción distinta a la de los partidos oficialistas.

De consumarse esa traición, el Instituto Nacional Electoral (INE) y/o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convertirían en discriminadores entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda clase. Los votos de los ciudadanos VIP —los que sufragaron por el partido del Presidente y sus partidos satélites— valdrían más, mucho más que los de los demás. Los votos de la oposición valdrían la mitad del porcentaje alcanzado en las urnas, y quienes nos decidimos por esa opción tendríamos que aguantarnos sin rechistar —así lo sostienen el Presidente de la República, su próxima sucesora y Arturo Zaldívar, recién designado coordinador de Política y Gobierno en la futura Presidencia— la devaluación de nuestra ciudadanía.

Con ese atropello se estaría desterrando a la oposición del Congreso. La mayoría parlamentaria podría reformar la Constitución a su antojo, sin obstáculo alguno, y la minoría no tendría siquiera la posibilidad de formular acciones de inconstitucionalidad para las cuales se requiere el 33 por ciento. Los legisladores de esa mayoría podrían aprobar, como lo han hecho, iniciativas presidenciales sin siquiera leerlas, aunque fuesen notoriamente inconstitucionales, y los legisladores de la oposición no tendrían cómo combatirlas. Para decirlo brevemente: se acabaría la vida parlamentaria. El parlamento no sería sino una caja de resonancia de los designios de la titular del Ejecutivo.

El INE y el TEPJF sólo pueden aprobar esa deslealtad a los ciudadanos y a la Constitución si actúan no como organismos independientes y profesionales, sino como obedientes súbditos del Presidente. Los consejeros y los magistrados electorales saben que, de otorgarles a Morena y sus aliados las tres cuartas partes de los escaños, estarían abriéndole la puerta a una dictadura, pues en el proyecto que el Presidente hereda a su sucesora —proyecto que ella ha asumido en todas y cada una de sus partes— el Poder Judicial perdería su autonomía, se vería reducida al mínimo la eficacia del juicio de amparo y desaparecerían los organismos autónomos.

En virtud de la eliminación de los organismos autónomos y la captura de los poderes judiciales del país se extinguirían el INE y el TEPJF, es decir, si los consejeros y los magistrados electorales ceden a la pretensión del Presidente, estarán firmando la sentencia de muerte de las instituciones de las que forman parte. Probablemente como recompensa a su sumisión se les daría alguna chamba en el nuevo gobierno e incluso la nueva Presidenta los consideraría héroes de la Cuarta Transformación. Entre esa indecorosa distinción y la defensa de la democracia, ¿qué les parecerá más deseable: la rendición recompensada o la actitud honrosa y valiente? Lo que cada uno de ellos decida revelará no su capacidad jurídica —la resolución jurídicamente correcta es obvia—, sino su calidad humana.

No hace falta el don de adivinar el futuro como Casandra para vislumbrar lo que nos esperaría si el INE y el TEPJF no interpretan la Constitución razonable y teleológicamente. No hace falta sino voltear a ver lo que está ocurriendo en Venezuela: un fraude electoral desmesurado e inocultable; miles de encarcelamientos, tortura y decenas de asesinatos de quienes protestan contra esa farsa, y la orden de detener al candidato triunfador y a la líder de la oposición sin que haya en el país una sola institución a la cual acudir para defenderse de los abusos criminales de la hiena que gobierna a los venezolanos.

Espero que, como en el personaje de Dostoyevski, al menos en la mayoría de los consejeros y los magistrados electorales haya un punto de honor y de principios en los que ninguna circunstancia pueda impulsarlos a transigir.