Compatibilidad criminal
El respaldo a un gobernante que se mantiene en el poder sólo por la fuerza bruta y cuya gestión es pródiga de encarcelamientos arbitrarios, torturas y asesinatos es compatibilidad criminal
Muchos analistas siguen pensando que la absoluta obsecuencia de Claudia Sheinbaum a los dictados de su antecesor es a regañadientes y tienen la esperanza de que en algún momento la Presidenta romperá la cadena de sumisión que la ata a quien la colocó como candidata presidencial.
Yo creo, en cambio, que hay ya suficientes evidencias de que la Presidenta actúa en la misma línea que Andrés Manuel López Obrador no con disgusto, sino porque está de acuerdo íntimamente –caras vemos, basura ideológica sí sabemos– con los deseos del expresidente: que son, también, sus propios deseos.
Su decisión más reciente lo confirma. La Presidenta ha anunciado que enviará representantes a la toma de posesión de Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder en virtud de un fraude escandaloso demostrado indubitablemente por la oposición venezolana. En muchos países ese fétido anuncio hubiese provocado, aun en esta temporada de fiestas, gigantescas manifestaciones de rechazo.
Maduro fue vencido abrumadoramente en la elección presidencial, se la agandalló y reprimió con miles de detenciones y con torturas y asesinatos las multitudinarias protestas contra el fraude electoral. La ONU, la OEA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, prestigiados diarios y cadenas televisivas del mundo denunciaron el fraude y mostraron esa bárbara represión.
Numerosos países democráticos desconocieron el triunfo del dictador asesino. López Obrador se unió al principio a los gobiernos que le solicitaban tibiamente a Maduro que exhibiera las actas que demostrasen su victoria –lo cual era imposible porque lo que muestran inequívocamente las actas es el triunfo del candidato opositor–, pero nunca condenó el fraude electoral ni la bárbara represión.
Venezuela sufre una pesadilla horrorosa desde que el chavismo accedió al poder: eliminación de las instituciones democráticas, captura del poder judicial y del poder legislativo –como en México, dicho sea de paso–, persecución y juicios grotescos contra líderes opositores, asesinatos de quienes protestan en las calles, tortura y cárcel a disidentes, cierre de medios críticos al gobierno, criminalidad desmesurada, desabasto de productos de primera necesidad, expropiaciones caprichosas. La diáspora venezolana constituye la cuarta parte de la población del país.
En estos primeros meses de su gobierno, la gestión de Claudia Sheinbaum no podría ser más deplorable. Asumió el legado de López Obrador en virtud del cual se dinamita a los poderes judiciales del país –la vía más directa a la dictadura– y se elimina a los organismos autónomos.
El reconocimiento de Maduro –a eso equivale el envío de representantes del gobierno mexicano a su toma de posesión– es una ofensa no sólo a los ciudadanos mexicanos y venezolanos, sino a todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo que creemos en los valores del proceso civilizatorio: libertad, elecciones efectivas, justicia imparcial, juicios justos, respeto a la vida y a la libre expresión. Es, sobre todo, una ominosa humillación a los venezolanos que han sufrido las atrocidades del régimen y votaron por ponerle fin.
Nunca imaginé a Juan Ramón de la Fuente avalando como canciller el apoyo a las dictaduras que brinda el gobierno al que sirve. El exrector de la UNAM mancha con ese aval su trayectoria profesional. Como universitario siento pena de su actitud y lo compadezco.
El respaldo a un gobernante que se mantiene en el poder sólo por la fuerza bruta y cuya gestión es pródiga de encarcelamientos arbitrarios, torturas y asesinatos es compatibilidad criminal. La primera Presidenta de la historia de México está escribiendo una de las peores páginas de la diplomacia mexicana.
El reconocimiento de Claudia Sheinbaum a Nicolás Maduro es equivalente al que gobiernos extranjeros otorgaron a Victoriano Huerta. El silencio de los militantes de Morena ante ese aval muestra no solamente su talante político, sino su índole ética. Al convalidar la imposición de Maduro, el gobierno mexicano se coloca, coincidentemente con su política interior, del lado opuesto a los valores que ha ido conquistando el proceso civilizatorio.
Dejo aquí constancia de la náusea indignada –pero, ay, impotente– que me produce el anuncio de la Presidenta.
