Acallar a una jueza
A la jueza Reyna Rodríguez le colocaron una bomba anímica. La Asociación Mexicana de Juzgadoras, tras expresar su total indignación y profundo rechazo al cobarde ataque, sostiene que se trata de un atentado inadmisible que vulnera la seguridad de una servidora pública y su núcleo más íntimo.
No sabemos el móvil y el propósito de los ocho hombres armados que allanaron la casa de la madre de la jueza federal de Guanajuato Reyna Rodríguez, pero la juzgadora, una de las voces más críticas y activas contra la reforma judicial, anunció que suspendería sus publicaciones en aras de la seguridad de su madre.
Al escribir esta nota ignoro los detalles del allanamiento. ¿Qué le dijeron los invasores a la moradora del hogar? ¿La amenazaron para que le hiciera saber la amenaza a su hija? ¿La coaccionaron para que convenciera a su hija de no seguir criticando la reforma?
Lo cierto es que, si la invasión buscaba intimidar a la impartidora de justicia, lo consiguió. Quien haya manejado los hilos que movieron a los allanadores supo cómo asestar el golpe anímico. Nadie que tenga corazón queda indiferente ante la puesta en peligro de su mamá.
Albert Camus aseveró en una ocasión que si tuviera que elegir entre la justicia y su madre, optaría por ésta. Lo dijo a propósito de los actos terroristas perpetrados por un grupo que luchaba por que Argelia se independizara de Francia.
La honestidad de Camus no le permitía hacer declaraciones insinceras y farisaicas que hubieran suscitado el aplauso de quienes se erigen, sólo verbalmente y sin arriesgar nada, en redentores de los oprimidos y defensores de todas buenas causas.
Camus nunca titubeó en su condena del terrorismo, en todas sus formas, incluso el llamado contraterrorismo. Nunca admitió que el asesinato de civiles pudiera considerarse un medio legítimo para un fin, por muy justo que éste fuera. Rechazó el terrorismo que consistía en colocar bombas para matar a hombres, mujeres y niños inocentes con el objetivo de crear un Estado argelino libre e independiente. Y también reprobó el terrorismo estatal que se manifestaba ejecutando a sospechosos o masacrando a manifestantes.
A la jueza Reyna Rodríguez le colocaron una bomba anímica. La Asociación Mexicana de Juzgadoras, tras expresar su total indignación y profundo rechazo al cobarde ataque, sostiene que se trata de un atentado inadmisible que vulnera la seguridad de una servidora pública y su núcleo más íntimo.
“No queremos pensar —advierte la Asociación— que este hecho constituye una forma de represalia o persecución derivada de su postura crítica y visible frente a la reforma judicial actualmente en curso. Sin embargo, dada la gravedad del contexto y los ataques sistemáticos al Poder Judicial en los últimos meses, es indispensable que las investigaciones incluyan esta línea de análisis con total seriedad y sin dilación”.
El gobierno ha demolido a los poderes judiciales del país, se ha agandallado fondos del Poder Judicial Federal, y sustituirá a jueces, magistrados y ministros que han dedicado la vida a su formación jurídica y al trabajo en la judicatura por enjuiciadores improvisados surgidos de un descomunal fraude electoral que se nos quiere presentar —¡vaya insulto a la inteligencia!— como una elección del pueblo. (Quisiera preguntar a la Presidenta qué entiende por pueblo).
Pero sería complicidad criminal que a los actuales juzgadores, a quienes como tales el gobierno ha condenado a la guillotina sin causal alguna que lo justifique, no les brindara la seguridad a que tiene derecho toda persona. Después de todo, o, mejor dicho, antes que nada, no olvidemos que han sido el expresidente y la Presidenta quienes han propiciado la atmósfera de linchamiento contra los integrantes de los poderes judiciales.
Es urgente que se proteja inmediata y eficazmente a la jueza Reyna Rodríguez y a su familia, así como a todos los juzgadores críticos de la reforma judicial y a sus familiares, que se esclarezcan los motivos del ataque contra la madre de la jueza y que se lleve a proceso a los atacantes, incluyendo al autor intelectual de la agresión.
Si el atentado quedase impune, se estaría incentivando a potenciales criminales para llevar a cabo acciones delictivas similares. Aun sabiendo del desprecio del gobierno al Estado de derecho, exijamos con toda vehemencia que cumpla con su deber de proteger la vida y la integridad de todos, incluidos sus críticos.
