El derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano están reconocidos en la Constitución mexicana; sin embargo, entre lo estipulado por la ley y lo que pasa en la realidad de muchas comunidades en el país existe una gran brecha.
No sólo hay falta de infraestructura, también desigualdades, decisiones políticas erráticas y una visión de desarrollo que siguen colocando la explotación de los recursos naturales por encima de las necesidades colectivas.
Eso no es todo. La crisis hídrica y ambiental tiene rostro de mujer. A pocos kilómetros de villas de descanso con albercas templadas y presas “privadas” en zonas exclusivas en Valle de Bravo, hay mujeres que caminan hasta cuatro horas al día —dos horas de ida, dos de regreso— para buscar agua en algún manantial o pozo, cargarla y llevarla a sus viviendas y, así, poder garantizar la supervivencia de sus familias.
Esto es tan sólo una de las varias imágenes de la desigualdad en esta región mexiquense. Samantha Namnum, directora del Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, ha documentado cómo la falta de agua y saneamiento profundiza las desigualdades de género.
Cuando el agua escasea son las mujeres quienes suelen asumir el costo en tiempo, esfuerzo físico y trabajos de cuidados. Son quienes tienen que conseguirla para cocinar, limpiar, atender y cuidar a las familias, alimentar animales y sostener, en algunos casos, sus parcelas. La crisis hídrica es una crisis de desigualdades.
Cifras del Inegi señalan que las mujeres en el país asumen 64% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados frente a 36% que realizan los hombres, acumulando hasta 30 horas semanales adicionales de carga física.
Namnum explica en entrevista que el problema comienza mucho antes de que una comunidad se quede sin agua, porque están las decisiones de quién puede usarla, quién participa en su administración y qué actividades económicas se permiten en los territorios, ya que en distintas regiones las mujeres tienen poca participación en los ejidos y comités de agua, aunque son quienes mantienen una relación cotidiana y directa con el recurso.
En localidades mazahuas como San Simón y San Antonio de la Laguna, en Donato Guerra, esta desproporción orilla a mujeres a sostener el abasto doméstico y a muchas niñas las condena a abandonar las aulas frente a la falta de agua y saneamiento básico en escuelas, lo cual afecta directamente su salud e higiene menstrual.
La especialista en derecho ambiental agrega que en esas comunidades se subarriendan las parcelas para el cultivo de papa, lo que ha propiciado el uso intensivo de fertilizantes, que terminan filtrándose en los manantiales y contaminando las fuentes de abastecimiento. Las afectaciones recaen directamente en las familias que dependen de esa agua y, particularmente, en las mujeres responsables de conseguirla.
Proteger y conservar la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco es prioritario porque su importancia trasciende a las localidades, sus bosques son una fábrica natural de agua, captan la lluvia, favorecen la infiltración y alimentan las presas del Sistema Cutzamala, que abastece de agua a alrededor de cinco millones de habitantes de la Ciudad de México y el Valle de Toluca.
Y hay que recordar que ahora que goza de un llenado de 95.76%, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México se ha comprometido a garantizar el suministro, pero para que ello sea posible la vigilancia es fundamental, debido a la amenaza del huachicoleo de agua y otros delitos.
El cambio de uso de suelo, la expansión inmobiliaria, la contaminación de ríos y la presión sobre los ecosistemas están debilitando la capacidad natural para alimentar este sistema.
Los desarrollos inmobiliarios, dice Namnum, construyen presas privadas y alteran el cauce natural y, en estiaje, las comunidades se quedan sin agua.
Recuerda que en 2024, en la comunidad la Huerta de San Agustín, unas 62 familias llegaron al “Día Cero”, ni una gota para beber tenían; la respuesta de emergencia fue el envío de pipas y esperar hasta la llegada de las lluvias. Como eso no era viable, organizaciones de la sociedad civil acompañaron a las poblaciones a atender las causas del problema con un enfoque comunitario, como promover el uso responsable del agua, mejorar la captación pluvial, favorecer la infiltración y desarrollar infraestructura para almacenar el recurso durante los meses de sequía.
Sí, las pipas pueden ayudar, pero es momentáneo, no resuelven una problemática enraizada y, lo más importante, no garantizan el derecho humano al agua, tampoco lo haría perforar más pozos, cada vez más a mayores profundidades y que ponen en mayor riesgo a los acuíferos.
Namnum advierte que la prevención requiere inversión en restauración, protección de áreas naturales, captación pluvial y fortalecimiento de las comunidades que conservan los ecosistemas.
En este contexto, dice que el UMAFest 2026, que organiza la Universidad del Medio Ambiente, en Valle de Bravo los días 14 y 15 de noviembre próximos, representa una oportunidad para exponer experiencias y construir respuestas no desde los escritorios, sino desde el conocimiento de los territorios en torno al agua, la economía, la agricultura, la educación, la interculturalidad y la gestión.
Encuentros como éste son cada vez más necesarios para construir presente y futuro regenerativos sin que nadie se quede fuera.