A nuestros gobernantes les encanta comportarse como padres que tienen la obligación de proteger a sus hijos infantes. Creen que las audiencias son tontas. No confían en su inteligencia. En lugar de dejar que cada uno elija libremente qué ver y escuchar, pretenden regular los contenidos en los medios noticiosos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado el anteproyecto de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. No es el texto definitivo porque supuestamente está sujeto a consultas públicas. Sin embargo, la intención del gobierno es clara: obligar a los concesionarios de radio y televisión a establecer mecanismos para que las audiencias puedan reclamar cuando consideren vulnerados sus derechos.
¿Cuáles?
Nada menos que recibir información veraz y oportuna. Esto implica evitar se presenten datos falsos como información verdadera, información descontextualizada o información histórica como si se tratara de acontecimientos actuales.
Suena bien, pero hay un pequeñito problema: ¿quién determina finalmente qué información cumple o no con estos estándares?
El gobierno argumenta que será un ejercicio de autorregulación de los medios. Sin embargo, la verdad es que un organismo del gobierno federal tendrá la última palabra.
Si a un ciudadano le disgusta lo que escuchó en un medio noticioso, podrá quejarse con el Defensor de Audiencias que tendrá cada uno de los medios, persona nombrada internamente en la empresa. Dicho Defensor solicitará información, analizará si se violaron los derechos de la audiencia y, en su caso, emitirá una recomendación al medio. Si no se atiende la recomendación o la persona considera que sus derechos no fueron restituidos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependencia del gobierno federal, podrá iniciar un procedimiento administrativo y eventualmente imponer una sanción.
Las multas propuestas son delirantes: entre 0.01% hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario. Estamos hablando de los ingresos totales, no de las utilidades, lo cual es una locura. Para cualquier televisora o radiodifusora, 1% representa una cantidad exorbitante.
La decisión final de imponer las multas le corresponderá al pleno de la CRT integrado por cinco comisionados que ya fueron nombrados por la Presidenta y ratificados por la mayoría oficialista en el Senado. Cuatro de los cinco comisionados son cuadros cercanos a los gobiernos morenistas. No son muy independientes que digamos. Con toda probabilidad, decidirán lo que le convenga a la 4T como ya sucede, por ejemplo, en el INE o el TEPJF. Así es la realidad en la deriva autoritaria que estamos viviendo en el país.
En suma, el gobierno tendrá un enorme garrote para los concesionarios de radio y televisión, lo cual atenta contra la libertad de expresión.
Podrán sancionar sobre cuestiones relacionadas con el contenido periodístico. El fantasma del garrote estará presente en las decisiones editoriales. Los medios tendrán incentivos para autocensurarse. Habrá un “efecto inhibidor” por la simple amenaza de que la autoridad imponga una multa so pretexto de que una información no fue suficientemente “veraz”, no se distinguió adecuadamente información de opinión o no se restituyó correctamente un derecho de la audiencia.
En el manual de los regímenes autoritarios está el control de los medios noticiosos. Aquí el gobierno se escuda en un rimbombante derecho de las audiencias cuando en realidad pretenden inhibir la actividad periodística que los puede exhibir con casos de incompetencia o corrupción.
Que no nos vengan con el cuento de una “autorregulación”. El Defensor, nombrado y controlado por los dueños de los medios, comenzará a comportarse como comisario político de los contenidos noticiosos pensando en que la CRT podría imponer multas multimillonarias que pondrían en peligro la viabilidad económica de la empresa.
Hay un mecanismo más simple para defender los derechos de las audiencias: confiar en ellas, siempre y cuando haya muchas opciones de servicios informativos. La solución es una competencia noticiosa intensa, con una oferta amplia, donde el público pueda elegir con toda libertad. Al final del día, la gente sabe discernir entre un contenido de calidad y uno que es basura. Los charlatanes que engañan con noticias falsas pueden ser populares por un tiempo, pero al final las audiencias los abandonan cuando se dan cuenta de sus patrañas. No necesitamos al Estado para que nos proteja en el ámbito informativo. Al revés, es un peligro para la libertad de expresión que cinco burócratas cercanos al gobierno tengan el poder de decidir qué es veraz y, en consecuencia, multar a un medio. En el fondo, este proyecto denota el miedo que tiene la 4T ahora que están saliendo a la luz pública sus fracasos y corruptelas.
X: @leozuckermann