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Corrupción pasada, ¿corrupción presente?

Leo Zuckermann

Leo Zuckermann

Juegos de poder

Estos días se han publicado dos investigaciones muy interesantes que hablan, por un lado, de la corrupción en el sexenio pasado y, por el otro, de la apertura muy sospechosa de empresas proveedoras del gobierno actual.

Comienzo con la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, de Impunidad Cero y Justicia Justa. Después de una meticulosa indagación en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y en instituciones de salud pública como el IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Secretaría de Salud y hospitales y clínicas de gobiernos estatales, identificaron 22 mil 933 facturas falsas que se utilizaron para desviar cuatro mil 179 millones de pesos entre 2014 y principios de 2019.

Las entidades federativas con mayores desvíos fueron el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. Número uno en la lista: el Estado de México, con un total de mil 804 millones de pesos entre 2014 y 2018.

Del total de las facturas encontradas, la Federación concentró el mayor número de éstas con seis mil 121. El IMSS fue la institución federal que pagó más a empresas fantasma que expidieron las facturas falsas: un total de 320 millones de pesos.

Por el lado de los privados, que son cómplices de este tipo de operaciones simuladas por medio de empresas fantasma que emiten facturas falsas, Interacción Biomédica S.A. de C.V. fue la que más desvió recursos públicos: mil 600 millones de pesos, el 39% del total.

Estamos frente a una investigación que revela, de nuevo, la corrupción del sexenio pasado, donde desaparecieron dinero hasta del sector salud. ¿Dónde terminó ese dinero? Eso no se sabe todavía. Lo que sí se sabe es que, en lugar de mejorar los hospitales públicos, comprar medicinas y equipos médicos, se llevaron estos recursos para enriquecimiento personal o financiamiento ilícito de campañas electorales. No por nada el electorado terminó dándoles una patada en el trasero en las pasadas elecciones de 2018.

La investigación también halló, al menos, 20 facturas falsas por casi tres millones de pesos en los primeros meses de 2019, ya durante el gobierno presente. Lo cual me lleva al reporte “Crean negocios al vapor para ganar contratos con el gobierno de AMLO”, de Quinto Elemento Lab, publicado esta semana.

Entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, ya en la administración pública actual, se crearon 171 empresas a las que 92 dependencias del gobierno federal les transfirieron 366 millones de pesos. “En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet”.

La investigación menciona varios casos. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2018 se creó Laguna Cleaning; once días después obtuvo dos adjudicaciones directas de la Secretaría del Trabajo por un valor de 85 mil pesos. MSA Médica tardó 21 días en conseguir su primera adjudicación directa del IMSS; a la postre, consiguió cinco contratos por un millón 200 mil pesos. Grupo Abasto Médico MA obtuvo su primera adjudicación en menos de un mes de constituirse; ya lleva 98 contratos por siete millones 800 mil pesos.

“De los 561 contratos que se otorgaron a empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno, seis dependencias otorgaron el 58% de ellos: el IMSS, el ISSSTE, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y las secretarías de la Defensa, Comunicaciones y Transportes y Gobernación. La Conade, por su parte, celebró al menos tres contratos con empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno y una de las empresas seleccionadas tiene como socia a una exasistente de la propia directora de la Conade, Ana Guevara, cuando ella fue legisladora en el Senado de la República”.

La primera investigación completa aquí citada se encuentra en impunidadcero.org, la segunda en quintoelab.org.

De la corrupción pasada, el gobierno actual está obligado a investigarla administrativa y judicialmente para que no queden impunes estos vergonzosos desvíos en el sector salud. De las empresas formadas al vapor que recibieron de inmediato adjudicaciones de dependencias gubernamentales, la administración presente debe también indagar qué está ocurriendo. López Obrador ha dicho, mil y un veces, que ellos son diferentes. Es hora de que lo comience a demostrar en los hechos. No puede tolerar ni la corrupción pasada ni la menor sospecha de una posible corrupción presente.

                Twitter: @leozuckermann

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