En defensa del Congreso

“Las finanzas del país están asociadas a las libertades del país. Si el parlamento, por alguna circunstancia, perdiera el control sobre las bolsas del dinero público, tu libertad valdría poco en comparación. Ese poder es comúnmente conocido como el poder de la bolsa, el control del parlamento sobre el gasto público.” Así describía el cinco veces electo primer ministro británico, William Ewart Gladstone, en 1891, la importancia de las facultades del parlamento para decidir sobre el uso del dinero público.

La lucha de los parlamentos por amarrar las manos de los gobernantes y reducir lo más posible la discrecionalidad en el gasto del dinero del pueblo es ancestral: la facultad parlamentaria de aprobar los impuestos en lo que hoy es el Reino Unido fue establecida en la Carta Magna en el año de 1215 y a partir de esa fecha, y durante los siglos siguientes, se fueron construyendo sistemas de reglas, mecanismos y controles para determinar cómo se obtienen los ingresos del Estado; en qué, cómo y cuándo se van a gastar los recursos públicos, y para verificar que los administradores de esos recursos lo hayan gastado conforme se acordó.

Que la facultad de aprobar el destino de los recursos públicos sea una facultad de los congresos y parlamentos en los regímenes democráticos no es casual. Son estos, los representes de las y los ciudadanos, quienes conocen las demandas del pueblo, y las necesidades que hay en los territorios que representan. La representación plural de los parlamentos asegura que todas las necesidades a las que debe dar respuesta el presupuesto público, sean, si no consideradas, al menos, expuestas y llevadas a la mesa de discusión del mismo.

Entonces, la aprobación del presupuesto por parte de los congresos tiene el objetivo de que el dinero que es de todos, no sea gastado por uno solo, y que el destino de gasto aprobado corresponda a las necesidades reales de la mayoría de la población, y no, a los proyectos unipersonales del gobernante en turno.

Por otro lado, está el principio básico de división de Poderes, que establece que el poder no puede concentrarse en una sola persona y por ello, su ejercicio se divide en los tres Poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy, nadie quiere regresar a los tiempos en los que un solo hombre concentraba el poder absoluto, y absolutamente.

La mañana del jueves 23 de abril, el Presidente de la República anunció que enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa para pedir autorización para modificar al presupuesto debido a la emergencia económica generada por el COVID-19, en la noche de ese día, recibimos una iniciativa que de aprobarse en sus términos le permitiría no tener que pedir autorización a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto durante una emergencia económica. Ya muchos han dicho y fundamentado por qué una idea de esa naturaleza es inconstitucional, invadiría las facultades del Congreso y vulneraría el principio de división de Poderes.

Durante estas semanas, hemos visto a los parlamentos del mundo hacer malabares para reunirse en medio de la pandemia y aprobar paquetes de emergencia económica, porque ésa es la función de los parlamentos. En México, podríamos haber hecho lo mismo, en vez de reunirnos para discutir una iniciativa inapropiada.

Confío en que como todos los grupos parlamentarios han expresado se defenderán las facultades presupuestales del Congreso y con ello, la democracia.

                *Presidenta de la Cámara de Diputados