Cambio de señal

La gota del reciente sismo derramó el vaso de la exasperada sociedad civil, más comprometida y solidaria que sus tibios representantes políticos, en labores de rescate y todo tipo de asistencia. Los diversos partidos políticos, sabedores de que su indefendible desprestigio los descalifica electoralmente, optaron por girar la pirinola, “del toma todo al todos ponen”.

El PRI declaró su solidaridad con las víctimas de los recientes fenómenos naturales, exhortando a los demás partidos a hacer lo propio, renunciando a percibir el total de su financiamiento público de 258 millones de pesos, correspondientes a los restantes meses de 2017, anunciando una próxima iniciativa de reformas referentes a la eliminación del financiamiento oficial a los partidos políticos a partir del próximo 2018, considerando además, suprimir —promesa de campaña de Enrique Peña Nieto— 200 diputados federales, 64 senadores y 438 diputados locales. El PAN por su parte, junto con el Frente Ciudadano, integrado conjuntamente con el PRD y MC, reclaman la autoría de una reforma constitucional para eliminar de inmediato el total del financiamiento público a los partidos políticos, proponiendo un plan de austeridad a los tres Poderes de la Unión para ahorrar 60 mil millones de pesos, bajo la supervisión de un Fondo de Reconstrucción Nacional, integrado por ciudadanos de reconocida probidad moral y profesional. El Frente Ciudadano está a favor de reducir el número de legisladores plurinominales, mas no de eliminarlos en su totalidad. El Partido Verde —PVEM— renunció al 25% de los 84.5 millones de pesos aún pendientes por recibir el presente año. El Partido Encuentro Social —PES— igualmente se adjudica la propuesta de eliminar en su totalidad el referido financiamiento público a los partidos, es más, a la fecha se ha negado a recibir el 20% de sus correspondientes ingresos, aplicándolos a víctimas de los sismos. El omnipresente mandamás de Morena afirma ser el primero en haber propuesto acciones de ayuda a los damnificados. AMLO ofrece devolver 103 millones de pesos correspondientes a Morena para la campaña 2018 —dinero aún no disponible— para repartirlo directamente mediante un fideicomiso controlado por su propio organismo, sumando aportaciones de militantes y simpatizantes.

Resulta ilógico que instituciones con obvios compromisos económicos, como son los partidos políticos, visceralmente renuncien al total de sus percepciones provenientes del INE, máxime en pleno proceso electoral. El mensaje enviado a la ciudadanía es que los partidos pueden prescindir de sus prerrogativas económicas oficiales, de ser así ¿por qué esperaron hasta hoy para renunciar a dicho financiamiento? La alternativa sería —con la improbable venia del INE— subvencionarse con aportaciones provenientes de la iniciativa privada, situación que propiciaría la incursión de poderes fácticos, tanto del empresariado como del crimen organizado. Esperemos que los partidos políticos razonen su estrategia, en lugar de responder impulsivamente, calculando hasta dónde les sería factible compactar el techo de sus asignaciones, ajustados a un severo régimen de austeridad, pero sin heroísmos absurdos.

La estimación inicial para la reconstrucción de los daños sísmicos del 7 y del 19 de septiembre oscila en los 40 mil millones de pesos. Por convocatoria presidencial, el empresariado creará una mesa de trabajo, administrando los recursos captados por su sector, incluyendo los procedentes de la sociedad civil, recibiendo del gobierno exclusivamente la orientación sobre los requerimientos más urgentes, a fin de evitar duplicidades. El sector empresarial, a través del fideicomiso —en integración— Fuerza México, buscará recaudar mil 500 millones de pesos, a los cuales se integrarán otros fondos particulares como los recolectados por la Fundación de Carlos Slim, la Fundación de Alfredo Harp, así como por donaciones internacionales.

Sería deplorable echarle más sal a la herida social, en las inminentes tareas de reconstrucción. La parte técnica de la misma, habría de recaer en expertos ingenieros y arquitectos, bajo la supervisión de los respectivos colegios, facultades y/o asociaciones académicas. En cuanto al manejo del dinero, éste habría de ser controlado por un comité en el cual participen probos empresarios, intelectuales, académicos, periodistas, profesionistas, en fin, ciudadanos de probada integridad.

Éste debe ser tiempo de reconciliación de participación y de realización, que no desaparezca el ánimo, la energía y el coraje que hoy nos acerca sin distingos, apoyémonos unos a otros también en las buenas.