El corrupto no nace, se hace
Difícilmente encontraremos un editorial relativo al acontecer nacional que no incluya el término corrupción. ¿La corrupción llegó para quedarse? Más bien, ésta ha existido siempre en determinado grado y si se ha extendido, ha sido por una sencilla razón, porque ha sido posible.
Falso que la corrupción sea genética o un asunto de orden cultural, si así fuera, estaríamos condenados a cargar irremediablemente con ella en cada acción emprendida. El corrupto no nace, se hace. La educación, los principios éticos y el implacable castigo a la corrupción son factores determinantes que distinguen a las sociedades entre sí. El ciudadano consciente de que “si lo agarran lo funden”, lo piensa y lo repiensa antes de arriesgarse.
En nuestro entorno, la corrupción puede ser tan simple como el soborno —quien soborna, también es corrupto— para evitar una multa de tránsito y tan sofisticada como la ingeniería financiera para crear empresas Offshore en elegidos paraísos fiscales para evadir impuestos.
Más precisos y confiables que los discursos oficiales sobre nuestro grado de corrupción son los índices, informes, estudios y evaluaciones de organismos calificados. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2016 de la ONU, México se ubica en el sitio 77 entre 188 países —apenas en el 2010 ocupó el 56 lugar—, marcado por la desigualdad y por las carencias de comunidades marginadas.
En el ranking sobre Libertades Económicas y Sociales, emitido por el centro de investigación The Heritage Foundation, México en un año descendió 8 lugares para colocarse en el lugar 70 de 180 países evaluados, medición que toma en cuenta rubros como derechos laborales y de propiedad, efectividad judicial, integridad del gobierno, gasto público, salud física y libertades financieras, monetarias y de comercio.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México se deslizó de la posición 95 a la 123, de 176 países considerados, en nivel similar a Paraguay, Azerbaijan, Honduras, Laos y Sierra Leona. Para esta deplorable evaluación influyó “la falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad”.
El Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, publicó, que en el 2016 diversas instancias de sector público cobraron mil 600 millones de pesos en mordidas al sector empresarial.
En el Informe sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos ubica a México por tercer año consecutivo como un sitio en donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes. La colaboración de funcionarios públicos con organismos criminales significa un serio reto para el Estado de derecho en México. Fondos públicos son a menudo desviados a compañías privadas e individuos, el favoritismo se encuentra extendido entre funcionarios gubernamentales dedicados a adquisiciones. El gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción ha sido lento e ineficaz.
El Informe Legislativo 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad resulta por demás revelador. Los 32 congresos locales del país cuestan en total 13 mil 551 millones de pesos, los mil 124 diputados sesionan el promedio 81 días anuales, siendo que en la CDMX cada legislador cuesta 28.8 millones de pesos anuales —más que un diputado federal— y tiene a 28 personas a su servicio. El Informe hace énfasis en la ineficiencia, rebase ilegal del monto asignado, discrecionalidad y opacidad en los recursos, añadiendo que dos terceras partes de los congresos no hacen público el Presupuesto de Egresos ni el número de leyes aprobadas en un año. Los diputados locales usualmente no son evaluados, monitoreados ni obligados a rendir cuentas. No es de extrañar que es allí de donde surgen los Javier Duarte, César Duarte, Humberto Moreira o Tomás Yarrington, individuos que aprovecharon las debilidades institucionales para abusar del poder político en su propio beneficio.
El tan urgido Sistema Nacional Anticorrupción luego de 3 años y 4 meses no ha sido integrado plenamente y excusas no faltan. El fiscal Anticorrupción parece ser buscado con la lámpara de Diógenes. Asimismo, queda pendiente la designación de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Lamentable: En tanto la corrupción se extiende, una dudosa lentitud legislativa posterga el nombramiento del fiscal que contrarrestaría tan lesivo flagelo.