¿Vale la pena?
Vaya procesión de gobernantes que habiendo sido electos mayoritariamente por su probada capacidad, supuestos principios y valores éticos, además de su convicción partidista, en vez de servir a sus conciudadanos, se han servido a sí mismos con el gran cucharón.
Entre pasar a la historia —lo cual no es optativo— como un estadista, probo y honesto servidor público, con la inmensa satisfacción del deber cumplido, receptor del afecto de propios y extraños, resulta francamente estúpido elegir conducirse como voraz ratero, metiendo la mano descaradamente en las arcas públicas, con el inminente riesgo de ser señalado y censurado por la sociedad entera, causando la deshonra de padres, esposa e hijos, para luego verse forzado a ocultarse cual escoria, con la alta probabilidad de terminar los días entre rejas. De aspirar a habitar lujosas mansiones, terminar recluido en una celda de 3.70 x 2.70 mts2. Aquellos gobernantes vencidos por la tentación, ¿accedieron a cumplir su mandato con los más nobles propósitos y precisos programas de gobierno, o es que resulta cierta aquella expresión referente a que el poder corrompe?
En la época del PRI invicto en el poder, el Presidente ejercía férreo control sobre los distintos gobernadores, absolutamente priistas y luego mayoritariamente priistas. Fue a partir de los tiempos de Fox y Calderón, que los gobernadores se condujeron cual virreyes, iniciándose la orgía de los millones, imponiéndose cada quien en su coto de poder, concluyendo sus respectivos mandatos, generalmente entre señalamientos y abucheos. Es ilustrativa la fotografía del 1 diciembre 2012 en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, rodeado éste de los 19 gobernadores priistas, de los cuales hoy tres de ellos están presos, cuatro procesados, uno librando proceso, otro prófugo, dos con orden de aprehensión y varios en capilla.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, de 2001 a 2008, el gobierno Federal obtuvo excedentes por un billón 28 mil 902 millones de pesos, de los cuales 51.7% provino de ingresos petroleros. Cabe mencionar que dicha cifra de recursos excedentes equivalía al total de la deuda del sector público. Pues bien, mejor dicho, pues mal, dicho excedente fue a parar finalmente al gasto público, pudiendo estimar que 10% del total recibido fue distribuido entre los gobiernos de los estados, los que de por sí lejos estaban de ser sujetos de un marcaje personal por parte de la Federación.
La influencia de los medios moldeando la opinión pública resulta definitiva. Refiriéndonos específicamente a los reiterados casos de gobernadores presuntamente corruptos, inicialmente nos enteramos de cierta noticia con respecto a alguna irregularidad cometida, sin dudar, al instante quedamos convencidos de la culpabilidad del mencionado, indignados —sin pruebas fehacientes— por tanta deshonestidad, con morboso interés seguimos cuanta crítica surge al respecto, ansiosos de que se haga justicia, es decir, que consignen al seguro culpable. ¿Y si es inocente? Ejemplifico: Humberto Moreira supuestamente desfalcó a Coahuila siendo gobernador, con 36 mil millones de pesos, además de haber protegido a la delincuencia organizada. Moreira posteriormente, acechado, se vio forzado a renunciar a la presidencia del PRI, exiliándose a España, donde fue apresado por blanqueo de capitales, cohecho y asociación criminal, entre otros cargos. Al ser liberado, Moreira retornó a Coahuila, donde hoy es candidato a diputado y a fuero, por el Partido Joven, además de haber sido exonerado fast-track por su hermano y actual gobernador, de los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un sucinto “No Ejercicio de la Acción Penal”. Señores, una de dos, o Humberto Moreira es una víctima de la justicia, de los medios, de la opinión pública y de las evidencias presentadas o de plano la ley es laxa y omisa y los tentáculos de la corrupción penetran lo impenetrable.
Es indignante que la AuditorÍa Superior de la Federación haya reportado irregularidades por 65 mil millones de pesos en el presupuesto público de 2015 y más lo es que no haya podido dicho organismo o algún otro con facultades expresas, actuar en consecuencia, impidiendo que la bacanal continuara. Simplemente, las revisiones a las cuentas de los estados han tenido, hasta ahora, dos años de desfase. La ASF ha venido detectando irregularidades en el manejo de las finanzas de Veracruz desde 2008. De haber podido proceder, otro gallo cantaría.
Ahora lo procedente es establecer cuanto candado sea posible desde la más alta oficina de gobierno hasta la más modesta ventanilla. Que quien quiera, no pueda.
Señores exgobernadores a quienes les venga el saco: ¿Valió la pena?