Llenar el bolsillo y vaciar el prestigio
Hemos de ser solidarios, factores externos, en su mayoría ajenos a nuestro control, requieren que le hagamos otro agujero —quede o no espacio— al cinturón, solidarios con un nuevo ajuste al gasto público.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación —ASF—, Juan Manuel Portal, reveló que la corrupción en el sector público ha ocasionado tan severa crisis de imagen y tal descrédito social, que la estabilidad democrática está en serio riesgo. La complacencia y omisión en relación a la corrupción ya no dejan lugar para la pasividad y el aplazamiento. El daño principal que ocasiona la corrupción es la falta de credibilidad y escepticismo ciudadano hacia las instituciones. Existe la presunción de que el permanente escrutinio al cual se verán sometidos los servidores públicos, ahora obligados a rendir cuentas, por parte del flamante Sistema Nacional Anticorrupción —SNA— coadyuvará al honesto manejo de los fondos públicos.
En el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, en el cual se practicaron 1659 auditorías a las diferentes entidades de gobierno y estados de la República se detectó un probable daño patrimonial al erario de entre 60 y 70 mil millones de pesos. Existen sobrados motivos para suponer que dichas cifras se elevaron considerablemente durante 2015 y el transcurso de 2016. Únicamente en referencia a Veracruz, la ASF puso a disposición de la Procuraduría General de la República 53 denuncias penales en contra del gobierno de Javier Duarte por el mal manejo de 35 mil millones de pesos. Recalcó el auditor de la ASF que la dependencia a su cargo no está facultada para señalar culpables, es la PGR quien tipifica los delitos.
Como si se mandaran solos, a lo largo de los últimos tres lustros, gobiernos de los estados se fueron endeudando por la libre y con mexicana alegría. La deuda pública heredada por Roberto Borge— vergonzosamente ausente en la transmisión del poder— en Quintana Roo superó los 22 mil 500 millones de pesos. En Chihuahua, César Duarte —sin el pundonor para presentarse a entregar el poder— deja una deuda aproximada de 42 mil 200 millones de pesos. En Sonora, Guillermo Padrés —ha obtenido 28 amparos— acrecentó la deuda pública a 32 mil 500 millones de pesos. En Zacatecas, Miguel Alonso dejó deuda pública acumulada por 13 mil 700 millones de pesos. Anteriormente en Nuevo León, Rodrigo Medina legó deuda por alrededor de 63 mil millones de pesos y, en Coahuila, Humberto Moreira se despidió heredando cerca de 37 mil millones de deuda pública. ¿Cómo pudo descarrilarse la disciplina financiera de los estados sin que la ASF, aun sin dientes, emitiera apremiantes y oportunas alertas?
Dicen que una caricatura puede expresar más que un editorial, es el caso de Hernández en La Jornada, donde la supuesta figura de un relamido político con lentes oscuros y el índice en alto, aparece frente a un cartel que tiene escrito: Fulano para gobernador, y debajo, porque yo sí te juro que meto al bote al góber actual. Y es que los gobernadores electos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo se impusieron en gran medida porque ofrecieron perseguir a los gobernadores salientes. Éste es el nivel de propuesta política al que hemos descendido. Sería imperdonable que alguno de los entrantes gobernadores justicieros concluyera su gestión en circunstancias similares a las de los hoy repudiados gobernadores salientes.
La opinión pública ha reaccionado con piel sensible ante la declaración del presidente Peña: “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. Salvo honrosas excepciones, difícilmente nos hemos visto exentos de entregar una lana a algún inspector, comprar en reventa o gratificar a un mordelón de Tránsito para evitar acudir a la delegación a cubrir exagerada multa o que nuestro auto sea llevado al corralón. Suena utópico, pero si alguna campaña publicitaria nos persuadiera de que, a partir de cierto momento, los ciudadanos cumplamos con convicción el compromiso colectivo de no incurrir en acto alguno de corrupción, entonces sí, de lograrlo, tendríamos motivos para sentirnos agraviados con la mera insinuación de ser corruptos.
Aquellos señalados con el flamígero dedo de sus conciudadanos; aquellos que juraron solemnemente que, de fallar, la nación se los demande; aquellos que se sirvieron más a sí mismos que a sus gobernados, todos ellos habrán de aparecer en la historia con minúsculas, corriendo la mayoría —si no es que todos— con la enorme ventura de ser exonerados por la ley.
Mala decisión el llenar los bolsillos y vaciar el prestigio.