Donald Trump volvió a hacer de las suyas y aparte de negociar a la baja un memorándum de entendimiento con Irán (que hoy está fracasando), y en el que claudicó en todas sus demandas, ahora, de nueva cuenta declaró desde el G7, que el nuestro es un país dominado por el crimen organizado y que la Presidenta está asustada. En pocas palabras, volvió a acusar a Sheinbaum de no poder con el paquete, e insinuó que Estados Unidos podría tomar cartas en el asunto y perseguir militarmente por tierra los objetivos y posiciones de fuerza del que llama narcoterrorismo. Al mismo tiempo, el vicepresidente JD Vance afirmó que Estados Unidos se reservaba el derecho de tomar “medidas militares” contra los cárteles e imponer por la fuerza los términos estadunidenses en defensa de su población y su seguridad nacional, si el Estado mexicano no detenía la violencia de los cárteles y el trasiego de drogas, principalmente el fentanilo. Sobre esto, en un reciente libro (Regime Charge: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, por Maggie Haberman y Jonathan Swan) se revela que el tema de la intervención en México ha sido discutido con los colaboradores de Trump y que fue Stephen Miller, el influyente asesor de extrema derecha y línea dura, quien originalmente sembró la idea, así como lo ha hecho con respecto a las medidas represivas y pseudo fascistas en contra de la inmigración.
Y es que estos pronunciamientos descansan en la Estrategia Nacional de Inteligencia y la Estrategia Contraterrorista de Estados Unidos, las cuales han catalogado a México como su más importante prioridad de seguridad nacional en el continente. De aquí que los principales cárteles mexicanos hayan sido catalogados como organizaciones terroristas y que el fentanilo y otros estupefacientes sean considerados como amenazas a la seguridad nacional estadunidense. Y de aquí también los procesos judiciales que se han armado desde la fiscalía sur de Nueva York en contra de narco políticos y narco funcionarios, como es el caso del gobernador con licencia, Rocha Moya y sus 11 presuntos asociados en Sinaloa en la protección a Los Chapitos y en los actos de corrupción que esto conlleva. Como todos sabemos la presidenta Sheinbaum se ha obsesionado y enredado con el tema y ha protegido a Rocha Moya y compinches, esto muy a pesar de que tres de ellos ya se entregaron a las autoridades judiciales estadunidenses en Nueva York y presumiblemente han hecho declaraciones que muy bien podrían estar consolidando la demanda estadunidense de extradición. Por cierto, el fiscal que inició el caso, Jay Clayton, es ahora el nuevo director de Inteligencia de Estados Unidos y muy seguramente pondrá un énfasis especial en el caso México y en el seguimiento de los narcopolíticos que se han aliado con los grupos del crimen organizado. Con el paso de tiempo podremos ver que Clayton operará la presión que ya ejerció desde Nueva York, a fin de hacer que el gobierno de Sheinbaum reaccione y proceda a la detención y eventual extradición de los presuntos narcopolíticos.
Pero estas presiones no vienen solas. Están acompañadas, por ejemplo, de otra que ha estado presente desde que, antes de los plazos formales, se empezara a hablar de la renovación del T-MEC. En sus desplantes demagógicos de siempre, Trump ha sostenido en varias ocasiones su postura de no querer renovarlo. Aunque luego lo matiza, esta postura ha estado presente desde que inició su segunda presidencia, alegando que el Tratado es el peor que Estados Unidos podría haber acordado. Lo hace con un único cometido: presionar a Canadá y principalmente a México para que negocien a la defensiva y en posición de desventaja los diferentes términos del Acuerdo.
Trump está cerrando la pinza ante la debilidad sistémica del Estado mexicano. Sus exigencias responden a una estrategia de presión y control en un momento de creciente debilitamiento institucional que sufre México desde que la 4T tomó el poder. Eso se ve a leguas por más que los obradoristas —que son los que controlan los destinos del país, a pesar de los esfuerzos, muy fallidos, de la Presidenta de deslindarse— lo traten de ocultar. Ahora sí, lamentablemente Trump tiene las cartas del póker bilateral y el gobierno mexicano se ha concretado a ser reactivo sin tener una estrategia clara de cómo lidiar con Trump y con MAGA. En efecto, no hay una clara política estadunidense de la Cancillería que nos permita influir en la política doméstica y mexicana estadunidenses. Veremos si el nuevo embajador, Roberto Lazzeri, puede revertir esta situación de inmovilidad del gobierno.