#SiMeMatan

El prejuicio está también entre nosotros como opinión previa y tenaz de la justicia para juzgar mal lo que se conoce peor. Este viejo enemigo vive no sólo afuera en el racismo del gobierno de Trump y la misoginia redneck en EU o en el lado más paleto de las políticas ...

El prejuicio está también entre nosotros como opinión previa y tenaz de la justicia para juzgar mal lo que se conoce peor. Este viejo enemigo vive no sólo afuera en el racismo del gobierno de Trump y la misoginia redneck en EU o en el lado más paleto de las políticas antiinmigración en Europa, que generan discursos conservadores de odio y normalizan violencia contra grupos sociales. También se cultiva en México hasta en mensajes de la justicia como en el caso de Daphne, el multihomicidio en la Narvarte, en 2016, y ahora en el intento por descalificar la credibilidad de la víctima y culpar a una joven de 22 años, Lesvy Berlín Osorio, de su propia muerte, esta semana en el campus de la UNAM.

Los prejuicios siempre se elaboran a partir de opiniones que surgen antes de juzgar la determinación de evidencias. Son resortes para desautorizar antes de probar, para incapacitar sin explicar, para reducir sin aparentar forzar. Entre el pensamiento conservador, por ejemplo de uno de sus padres, Edmund Burke se llegó a ver en el concepto del prejuicio una cierta sabiduría anterior al intelecto, una intuición cognitiva que se nutriría de la tradición. Aunque investigaciones recientes apuntan a lo contrario, como la de Gordon Hodson y Michael A. Busseri de la Universidad de Brock, en Ontario, que sugieren que el prejuicio, por ejemplo, detrás del racismo, está relacionado con niveles de coeficiente intelectual bajo.

Pero bajo ninguna hipótesis el prejuicio en general cabe en una investigación judicial, porque es tanto como aceptar que la reparación de un daño esté sometida a la negociación política o al cálculo de intereses sociales contrarios, por ejemplo, a la equidad de género o que criminalizan a jóvenes como Lesvy, generalmente para mantener alguna prerrogativa de la tradición cuando se considera amenazada en el caso del dominio machista. Así lo creyeron las jóvenes y mujeres que se manifestaron en la UNAM contra el “feminicidio” (acusan) y su reacción de indignación en las redes bajo el hashtag #SiMeMatan, respecto de la primera versión de la procuraduría capitalina que descalificaba a la víctima como alcohólica y drogadicta. Sin tener un culpable, ni certeza alguna sobre qué le ocurrió a Lesvy, la fiscalía se adelantó a decir en un tuit oficial que “el día de los hechos la pareja se reunió con varios amigos en CU donde estuvieron alcoholizándose y drogándose” y que “su madre y su novio aseguran que ella ya no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH Sur donde debía materias”.

Podría pensarse, como sugieren Hodson y Busseri, que esos mensajes son de personas menos inteligentes. Pero, tratándose de una investigación judicial, esos mensajes son inadmisibles porque, como reclamó el Conapred CDMX, difundir información sobre una averiguación viola el derecho a la secrecía de la víctima y pone en peligro su derecho a la justicia.

Más aún, la gravedad de la problemática radica en que este no es un caso aislado y se repite cuando otras mujeres sufren violencia y acuden a la justicia. La persistencia de prejuicios y estereotipos en los ministerios públicos son causa de que en el país mueran siete mujeres cada día por violencia de género y con lujo de crueldad “ahorcadas, estranguladas, apuñaladas”, como reconoce el Inegi; de que mecanismos como la alerta funcione poco o mal, de que escándalos criminales como el feminicidio ocupen la agenda de campañas como en el Estado de México, y de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado mexicano por su responsabilidad en la tragedia ya internacional de las Muertas de Juárez.

En el crimen de Lesvy, como en cualquiera, hay la obligación de una investigación exhaustiva para ser esclarecido, pero al igual que el caso del multihomicidio de mujeres en la Narvarte en 2016 demuestra que, en efecto, la discriminación en la acción de la justicia convierte a sus agentes en cómplices y obstáculo para reparar el daño. Otro ejemplo de que la justicia no cambia y, peor aún, que sus trabazones se deben no sólo a la falta de capacitación de policías y fiscales, sino a su sumisión al prejuicio y la tradición.

Lo que sí parece cambiar, aunque lentamente, es la indignación de las mujeres para rechazar la injusticia y la discriminación institucionalizada.

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