Es una pésima noticia para el exgobernador Rubén Rocha Moya y para el gobierno federal que el general en retiro Gerardo Mérida, que fuera secretario de Seguridad de Sinaloa y que se entregó a la justicia estadunidense días después de que fuera solicitada su detención con fines de extradición, se haya convertido ya en colaborador de la justicia de ese país. Desde hace días Mérida ha dejado la prisión de Brooklyn en la que estaba detenido y se encuentra bajo resguardo de la fiscalía del sur de Nueva York que es la que lleva su caso, la audiencia que estaba programada para la semana antepasada ya se había suspendido indefinidamente por esa negociación..
Cada vez resulta más evidente que el argumento de que “no hay pruebas” para enviar a la Unión Americana a Rocha, al senador Inzunza y a los otros seis acusados (los otros dos, el propio Mérida y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron) no sólo no tiene sustento alguno, sino que, además, genera costos altísimos a la administración Sheinbaum. Es un lastre imposible de sostener. Mérida tuvo un conocimiento afinado, desde su posición en seguridad, de los movimientos realizados por Rocha y su equipo, así como de los mecanismos de protección de los que gozaban tanto Los Chapitos como la fracción de El Mayo Zambada.
Hay que insistir en un tema: Mérida no fue propuesto por la Defensa para la Secretaría de Seguridad de Sinaloa: fue una propuesta del que fuera jefe de la Seguridad de López Obrador y luego en el sexenio pasado el director de Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que fue quien colocó a varios militares retirados en tareas de seguridad en la pasada administración. Mérida, con el cambio de mandos en la Defensa y el CNI, fue separado de ese cargo. Audomaro Martínez es uno de los objetivos de la seguridad estadunidense, por muchas razones, pero lo acusan, entre otras cosas, de haber filtrado a la inteligencia rusa y cubana los nombres de los agentes estadunidenses en México.
Enrique Díaz, como ya hemos dicho, es una figura clave para conocer el financiamiento de Andrés Manuel López Beltrán, de los hijos de Rocha y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, y con ellos de todo un complejo andamiaje de complicidades, que va del contrabando de combustibles (donde según las autoridades de Estados Unidos participan directamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, o que los coloca en el marco de la legislación antiterrorista) a los contratos amañados de obras públicas. La lista de complicidades pasa de Sinaloa a Tamaulipas, llegó el sexenio pasado por Palacio Nacional y el de Covián, sigue por la Ciudad de México y por Tabasco y puede terminar en Palenque. Ésa es la trama que se está desentrañando en las fiscalías de Nueva York y Chicago en los Estados Unidos. Y cada vez hay más delincuentes, funcionarios y empresarios dispuestos a colaborar para salvar lo que se pueda de su situación legal.
El retiro de la visa a Andy López Beltrán ha sido un golpe durísimo para los participantes en esa trama política y criminal, y la coartada de la defensa de la soberanía resulta, en ese contexto, francamente endeble y hasta poco creíble cuando varios de los abajo firmantes están bajo investigación y algunos dispuestos a colaborar.
Como publicó el New York Times el retiro de la visa a Andy es el caso “de mayor carga simbólica dentro de una campaña que ha quitado visas a decenas de políticos mexicanos”. La respuesta del departamento de Estado a las protestas de Morena ha sido tan lacónica como contundente: se le quita la visa “a personas vinculadas al terrorismo, espionaje, o por actos que amenacen la política exterior, la estabilidad regional y la soberanía de Estados Unidos”. En esa categoría entra Andy.
No creo tampoco que la posición adoptada por Morena sea homogénea en el gobierno federal. Es evidente en el Gabinete de Seguridad y otras áreas, que no existe la misma convicción que en los sectores duros de Morena respecto a la no responsabilidad de muchos de los acusados, en forma pública o en forma privada, por el gobierno estadounidense y de aumentar aún más la confrontación. Existe la certeza que la línea seguida es una de perder-perder: lo único que se ha logrado es un endurecimiento constante de la administración de Trump que va mucho más allá de la seguridad. La presión va de la política aérea a las exportaciones de aguacates, de la venta de acero y aluminio al gusano barrenador, de la energía y el agua a las quejas de las empresas estadunidenses con intereses en México contra el SAT, y cada día se suma una demanda más que el gobierno federal no está en condiciones de atender. Pero, además, la posición de los acusados se torna indefendible.
No es un dato menor que hoy Omar García Harfuch esté en la reunión de la DEA en Buenos Aires o que la Secretaría de la Defensa haya comprado drones y sistemas anti drones, vía un mecanismo de alta colaboración con el Pentágono. Son dos de las pocas áreas en las que la Casa Blanca mantiene confianza e interlocución.
La estrategia de Estados Unidos busca acabar con los líderes y operadores de los cárteles, pero también con sus beneficiarios, colaboradores y cómplices políticos y económicos. Ese es un capítulo innegociable para la administración Trump y la protección del gobierno federal a Rocha Moya, a los otros acusados de Sinaloa, a Andy, a Marina del Pilar y a muchos más, lo único que genera es un daño económico, político y social al país que terminará siendo intransitable.