Logo de Excélsior                                                        

LIE: sin mayoría, pero sigue adelante

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

Sin mayoría, pero el capítulo central para el presidente López Obrador de la Ley de la Industria Eléctrica, el de prevalencia de la CFE en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado, fue declarado constitucional. Si en los próximos días la reforma constitucional propuesta para el sector no sale adelante, los costos para el proyecto gubernamental de volver a transformar a la CFE en hegemónica, en realidad monopólica en el sector, no serán tan altos.

La decisión de la Corte se tomó por cuatro votos, de los cuales tres eran previsibles: el de las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y el del ministro presidente, Arturo Zaldívar. Los que se emitirían considerando la inconstitucionalidad de la ley, también. El voto que para algunos sorprendió fue el del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que terminó apoyando la constitucionalidad de la ley en lo referente a la hegemonía de la CFE. El ministro presidente, Zaldívar, sostuvo que deberán ser la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y, en otro ámbito, la Sener, las que deberán cuidar que la CFE no se convierta en monopólica, pero ambas instancias están seriamente debilitadas y, si se aprueba la reforma constitucional, la Cofece se convertiría en una parte más de la Secretaría de Energía. En los hechos, hoy ya lo es.

Algunos de los argumentos que se presentaron a favor del proyecto aprobado no parecen tener más que un sustento político. Por ejemplo, sostener que darle la hegemonía y la prevalencia a la CFE, en la forma en que está planteada en la ley, no viola la norma constitucional, no parece tener sentido, porque la letra de la Constitución dice otra cosa. Sostener que no se afecta a la iniciativa privada, tampoco, porque es evidente que así será. No se trataba de hacer adecuaciones al sistema energético, sino de modificarlo profundamente, cambiando reglas del juego y jugadores. Eso viola, se supone, la seguridad jurídica.

En términos políticos, es un triunfo del presidente López Obrador y de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que, luego de la suspensión de la sesión que se decretó el martes pasado, se pasó buena parte del miércoles en la sede de la Suprema Corte cabildeando con los ministros. Y logró los cuatro votos, aunque dos de los ministros designados en este sexenio, González Alcántara y Ríos Farjat, con distintos tonos, terminaron votando en contra del proyecto de Loretta Ortiz. Incluso, en otro capítulo importante, el de los certificados de energías limpias y temas ambientales, cuando el ministro Ortiz Mena votó por la inconstitucionalidad de los mismos, el ministro González Alcántara votó a favor: el intercambio de votos volvió a dejar la votación 7 a 4 y, por lo tanto, no queda ningún capítulo importante de la ley declarado inconstitucional.

Todo esto, no lo perdamos de vista, tiene relación también con un tema crucial para el futuro de muchos ministros: la sucesión de Zaldívar al frente de la Suprema Corte a partir del próximo primero de enero. Es verdad que faltan meses todavía, pero las cartas ya están sobre la mesa. Será difícil que alguno de los que apoyaron en su totalidad la inconstitucionalidad de esta ley puedan contar con apoyo del Ejecutivo en el proceso de sucesión. La ministra Yasmín Esquivel se confirma como la más firme aspirante, mientras que los ministros González Alcántara y Gutiérrez Ortiz Mena buscan perfilarse como con mayores márgenes de independencia. No creo que haya más candidatos. El devenir de los próximos meses podrá definir quién quedará al frente del Poder Judicial en enero, recordando que en la elección participan sólo los ministros del pleno.

El presidente López Obrador apostó a la polarización absoluta, incluso con los ministros, y, por lo pronto, sacó adelante el que es uno de los capítulos decisivos para la 4T. Ayuda a su causa, pero dudo mucho que ayude al país, a su economía, a las inversiones, al desarrollo, al medio ambiente, a la calidad de vida de la gente. El presidente López Obrador está apostando a regresar a los años 60 y ayer lo confirmó leyendo en la mañanera el decreto de López Mateos que creó la CFE. El problema es que ese mundo ya no existe.

  •  

Y OTRA VEZ RUSIA

Ayer, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

La Asamblea General expresó así “su grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia”, que incluyen “abusos sistemáticos” de los derechos humanos.

México no votó con las naciones democráticas, con nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, con los de la Unión Europea, con buena parte de América Latina. El voto ya lo había adelantado el presidente López Obrador, que había dicho que México se abstendría porque “busca la paz”.

En realidad, la abstención, esa neutralidad, se convierte en apoyo al régimen de Putin. Ante nuestros socios comerciales nos hemos convertido en una versión local de Viktor Orban, el ultraderechista presidente de Hungría, el único en la Unión Europea que, sistemáticamente, se abstiene ante las sanciones contra Rusia. ¿Quién necesita a esos compañeros de ruta?

Comparte en Redes Sociales