La operación de la justicia en el país es difícil de entender y pareciera que es una constante búsqueda de equilibrios políticos imposibles de alcanzar. Ayer, el contralmirante Fernando Farías Laguna fue expulsado de Argentina, debe haber llegado a las primeras horas de este viernes a México y será llevado al penal del Altiplano, donde ya está detenido su hermano Manuel Roberto.
El texto que leyó la fiscal Ernestina Godoy sobre la expulsión no dice nada nuevo y está lleno de vacíos francamente preocupantes, incluso agrega datos que no son verídicos. No es verdad que ante los datos que entregó la FGR se decidió la expulsión de Farías: en realidad eso obedeció a una evidente negociación política con las autoridades argentinas, donde participó la cancillería y en forma destacada el secretario Omar García Harfuch, “casualmente” de visita en Argentina, y las propias autoridades estadunidenses (que también están investigando el caso) que estaban también en Buenos Aires.
El mecanismo utilizado, como no había pruebas suficientes, como las que exige México a Estados Unidos para el caso del gobernador con licencia Rocha Moya, fue desechar la solicitud de extradición (en una audiencia que se realizó ayer y que en principio estaba programada para el 27 de agosto) por falta de pruebas; tampoco otorgar el asilo político que solicitaba Farías y expulsarlo del país por la documentación que había utilizado para ingresar a Argentina: un pasaporte guatemalteco legal (alguien se lo proporcionó en el gobierno de ese país) donde había “indicios” de que se había modificado la foto. Evidentemente hubo una participación del gobierno argentino para facilitar todo ese proceso.
Pero en la explicación que presentó la fiscal Godoy hay otros huecos mucho más notables. Insistió en que el almirante Rafael Ojeda había advertido al entonces fiscal Gertz Manero de que existía esa trama de corrupción en 2024, pero no hay constancia legal alguna de ello. Dijo la fiscal general que había otros 15 detenidos, ninguno por cierto de primer nivel en una organización que operaba, por lo menos, en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Ciudad de México y Colima.
Desde que fue descubierto el buque tanque en Altamira el 31 de marzo del año pasado, con diez millones de litros (originalmente se habló de 20 millones, y ayer Godoy dijo que eran sólo 8 millones) y se emitieron las órdenes de aprehensión contra los Farías y otros elementos de la Marina y de Aduanas, fue evidente que los sobrinos del secretario de Marina del sexenio pasado, el almirante Ojeda, no podían haber ejecutado semejante operación sin participantes por encima, a los lados y por debajo de ellos. Pero hay mucho más de lo que tampoco habló la fiscal Godoy: después de que el almirante Ojeda fuera informado de lo que sucedía por el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, lo que se pudo comprobar por un audio ampliamente difundido de una reunión que mantuvo con el almirante secretario a mediados de 2024, ha habido por lo menos ocho personas que fueron asesinadas o murieron en circunstancias extrañas.
El propio Guerrero Alcántar fue ejecutado a tiros en Manzanillo, Colima, el 8 de noviembre de 2024. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue encontrado sin vida en las instalaciones de la Marina en Tamaulipas, se dijo que había sido un suicidio. Otro presunto involucrado, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, falleció en un “accidente” con fuego real durante una práctica de tiro militar en Puerto Peñasco, Sonora, en septiembre de 2025. Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, sucesor del capitán Del Ángel Zúñiga, había sido secuestrado y posteriormente asesinado en Manzanillo, en mayo de 2023. Magaly Janet Ramos, una funcionaria de la FGR fue asesinada en Colima un mes antes que el capitán Guerrero Alcántar, llevaba parte de las investigaciones. Las indagatorias revelaron que para asesinarla se utilizó la misma pistola Luger que se usó en la muerte de Guerrero. Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna era el delegado de la FGR en Tamaulipas, y fue ejecutado el 4 de agosto de 2025, tras encabezar los decomisos de combustible ilícito en Altamira y Tampico.
Antes, en noviembre de 2021, había sido asesinado Sergio Carmona Angulo, un empresario calificado como el rey del huachicol, que había financiado las campañas de Morena en las elecciones de ese año, y que incluso fue introducido a Palacio Nacional por Jesús Ramírez. En mayo de 2024 uno de sus principales operadores, Carlos Narváez Romero, exalto funcionario de Aduanas, sobrino del entonces director de Pemex y ahora del Infonavit, Octavio Romero, fue asesinado a tiros en Polanco, en la Ciudad de México.
Ninguno de los mandos superiores a los Farías en la Marina, en las Aduanas, en Pemex, ninguno de los citados en las declaraciones de detenidos y testigos protegidos, incluyendo a Andy López Beltrán y Adán Augusto López, ha sido citado siquiera a declarar. Seguramente los hermanos Farías Laguna han sido parte de esta trama, pero hay por encima, a sus lados y por debajo de ellos muchos más involucrados.
Por cierto, la fiscal Godoy habló ayer de un negocio de 350 millones de pesos, la procuraduría fiscal habla de 600 mil millones de pesos, sólo en los tres últimos años de López Obrador.