En riesgo la autonomía y la UNAM

La demanda original, en contra del acoso sexual que denunciaban algunas jóvenes de preparatoria, prácticamente ha quedado arrumbada, se utiliza como un leitmotiv alejado de la acción real de los y las ocupantes. Una causa justa, como tantas otras veces, se utiliza para esconder un movimiento que tiene los más oscuros intereses.

No nos engañemos, el actual movimiento en la UNAM, distanciado de cualquier representatividad real entre la mayoría de estudiantes, académicos y trabajadores, tiene como objetivo paralizar la Universidad Nacional. Y todo ocurre con un accionar más que cauto de buena parte de las propias autoridades universitarias y con el estruendoso silencio del gobierno federal.

La administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su discurso, no quiere ni a la UNAM ni a la mayoría de las universidades públicas del país, salvo las que él mismo ha impulsado, que están muy lejos de ser verdaderas universidades.

No las quiere porque desconfía de la autonomía, sea la de la Universidad Nacional como la de muchos otros organismos públicos. En los primeros días de gobierno intentaron borrar de un plumazo la autonomía universitaria en una reforma de ley. Ante la reacción que se suscitó dijeron que había sido un simple olvido, un error.

 En el presupuesto le redujeron dramáticamente los recursos; y luego de muchas gestiones con los diputados, se logró de alguna forma equilibrarlo.

Pero lo cierto es que la Universidad Nacional y las demás universidades públicas vieron reducidos sus recursos al tiempo que el gobierno federal destinó más de mil millones de pesos a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, la red de cien universidades que prometió el presidente López Obrador desde su campaña que, por supuesto carecen no sólo de autonomía, sino también, y en ocasiones, hasta de un domicilio conocido. No se conocen sus programas, los docentes son elegidos discrecionamente, la mayoría de las carreras no tienen aún siquiera el reconocimiento de la SEP. Pero todo sus estudiantes, que tampoco se sabe bien a bien quiénes son o cómo se evalúan, reciben mensualmente dos mil 400 pesos de apoyo desde el gobierno federal.

Al pedido de mayor presupuesto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para las universidades públicas, asumiendo, además, que el gobierno federal impulsó la gratuidad de los estudios universitarios, el propio Presidente respondió en octubre pasado que no aceptaría “chantajes”.

Mientras tanto, en prácticamente todos los estados de la República se han presentado, por legisladores locales de Morena, iniciativas para abolir o restringir la autonomía en las universidades públicas locales.

En este contexto, lo que sucede en la UNAM resulta, por lo menos, sospechoso. Paso a paso esas ocupaciones parecen dirigirse a una paralización de la Universidad Nacional que recuerda al movimiento que en 1999 terminó en una huelga de casi un año que le costó el cargo al rector Francisco Barnés.

En aquella ocasión, el paro fue impuesto por un pequeño grupo de activistas y tuvo como coartada el posible aumento de las cuotas universitarias. Ahora no existe ni siquiera una agenda clara, más allá de las denuncias de acoso sexual, sin un destinatario siquiera definido.

El silencio oficial sobre lo que está ocurriendo en la UNAM es escandaloso, pero la actitud de las autoridades universitarias es, por lo menos, temerosa. El mensaje del rector Enrique Graue en días pasados pidiendo mesura ante las ocupaciones es desconcertante, porque la denuncia contra los ocupantes y las acciones para impedir más ocupaciones tendrían que ser contundentes, tanto como la operación para que el plan desestabilizador contra la Universidad Nacional  y su rector no siga avanzando impunemente.

Pareciera que no se termina de comprender que lo que está en riesgo no es un semestre de clases, sino la autonomía universitaria: la base que le otorga una razón de ser a la propia Universidada Nacional y a la educación superior en el país.