Ayer en la mañanera la presidenta Sheinbaum se trabó de fea manera tratando de defender a Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. Primero dijo que el tema de la visa era un tema personal, aunque durante todo el fin de semana Palacio Nacional, Morena, sus gobernadores y sus grupos parlamentarios lo habían calificado como un mecanismo de injerencia extranjera en nuestra vida política. La reportera de Proceso, Dalila Escobar, le preguntó entonces por qué si era un tema personal insistía en que la suya era una defensa, nada más y nada menos, que de la soberanía nacional. La mandataria habló de personas “políticamente expuestas” (un concepto que no tiene nada que ver con el tema de las visas, sino con cuentas u otros mecanismos de protección de los Estados Unidos ante personajes políticos) y sostuvo que era una forma de injerencia porque Estados Unidos filtraba o daba a conocer esa información para desestabilizar el país.
Pero la reportera le contestó algo obvio: Estados Unidos no dio a conocer esa información: la cancelación de la visa de Andy, que se supone que se decretó desde fines de mayo pasado, fue divulgada por el propio Andy con una carta increíblemente estúpida (eso lo decimos nosotros) dirigida al presidente Trump, con una suma de despropósitos que van desde agraviarlo a él y a sus funcionarios hasta al propio país y su gente. La narrativa presidencial en ese momento se desmoronó.
Y es que el retiro de la visa de Andy tiene implicaciones mucho más graves de lo que se dice y los audios divulgados el lunes en la noche por Latinus, de Amílcar Olán y su hermano respecto a su relación con el CJNG, ponen todo este entramado en otro nivel. Lo que se escucha en los audios es que los hermanos Olán, con conocimiento de Andy, mantenían relación con una de las células más importantes del CJNG, que controla Veracruz a través de un conocido delincuente apodado El Tanque y que lo usaron para diferentes objetivos, entre ellos la protección de minas de balasto para la construcción del Tren Maya.
El CJNG es considerado por Estados Unidos una organización terrorista y todos los que mantengan negocios, relaciones o acuerdos con ellos son considerados sus beneficiarios y quedan, operadores y beneficiarios bajo el paraguas de las leyes antiterroristas (y contra el tráfico de fentanilo) que ha impuesto la administración de Trump desde el día uno de su mandato. Hace unas pocas semanas se dio a conocer una nueva estrategia de lucha contra los beneficiarios de los cárteles y en este caso particular contra el CJNG, donde se cancelaron cuentas y se puso en la lista negra de la OFAC a más de 50 empresas y personas físicas relacionadas con esa organización criminal. Poco antes se había divulgado una investigación que ligaba directamente al mismo CJNG con el tráfico ilegal de combustible que llega vía Tamaulipas en el que están involucrados los hermanos Farías Laguna, pero también muchos otros que no han sido tocados por las investigaciones de la FGR, desde el exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, hasta Adán Augusto López y los integrantes de La Barredora, el gobernador Américo Villarreal, el expresidente de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, el coordinador de asesores y exvocero presidencial, Jesús Ramírez, y Andy López Beltrán, junto con el fallecido Sergio Carmona.
A eso hay que sumar toda la otra trama que viene de Sinaloa, con la relación de Andy con Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas convertido en testigo colaborador, que era uno de quienes financiaba a los hermanos López Beltrán, a los hijos de Rocha Moya y los del gobernador Villarreal, entre otros.
Los otros contactos son funcionarios financieros en la Ciudad de México, donde Andy colocó a muchos de sus viejos amigos, que fueron claves en los mecanismos de lavado de dinero de toda esa operación. Recordemos que sólo por la vía del contrabando de combustible a través de Tamaulipas, según datos oficiales, se movieron unos 600 mil millones de pesos en los tres últimos años de la pasada administración. Sumémosle a eso los miles de millones de dólares gastados en el Tren Maya, el Interoceánico, Dos Bocas y otras obras, construidas en muchos casos con contratos de adjudicación directa de los que, entre otros, han sido beneficiarios, por ejemplo, los propios hermanos Olán, socios de Andy.
Ésa es la verdadera trama que está investigando Estados Unidos y ésa es la causa de tanto “drama político”, como dijo el subsecretario Christopher Landau, que es, en realidad, la expresión de un miedo profundo de que todo esto llegue hasta el expresidente López Obrador, no sólo a sus hijos.
Por cierto, el mayor problema en el corto plazo que tienen Andy y muchos otros políticos y funcionarios en la actualidad no es que les hayan retirado las visas: desde la OFAC y el FinCEN del Tesoro estadunidense, llueven las solicitudes a bancos mexicanos y de EU para la cancelación de cuentas de políticos y funcionarios, sobre todo de Morena. Las instituciones financieras las están aplicando en forma inmediata y, en la mayoría de los casos, sin consultas con el gobierno mexicano porque de otra forma quedarían ellos también como beneficiarios de esas estructuras criminales. La presión es personal, política, legal y financiera.