A la India por medicinas

La actual crisis de abasto de medicinas fue, de alguna manera, provocada en su momento por el propio gobierno. Las compras consolidadas de medicinas son anuales, se deciden desde junio y comienzan a abastecerse en agosto. Cuando se aproximó el cambio de administración, el equipo entrante pidió al gobierno saliente que cancelara las compras de medicinas en las licitaciones que ya habían sido acordadas porque las quería revisar.

Quedó, como siempre ocurre, un stock para cubrir los primeros meses de gestión, pero lo cierto es que se cancelaron las compras, no llegaron nuevas medicinas y, por ende, se fue profundizando la escasez e, incluso, el desabasto, sobre todo de medicinas que son muy especiales, como las del VIH y el cáncer.

Desde entonces no se ha podido solucionar una crisis que se ha agudizado porque no se termina de confiar en los productores y distribuidores nacionales, y todas las alternativas han resultado fallidas. Como en muchos otros temas, si se encontraron irregularidades en la venta o compra de ciertas medicinas, en ciertos contratos establecidos el sexenio pasado, se tendrían que corregir y, en su caso, castigar, pero no se puede reemplazar un sistema que había funcionado en forma relativamente eficiente durante años, por intangibles. Uno de ellos es la compra de medicinas en la India.

La India cuenta con laboratorios que generan una enorme producción, que fabrican medicinas a muy bajo costo, pero lo hacen, en muchos casos, violando patentes internacionales y, además, con condiciones de producción y de control de calidad muy por debajo de los estándares internacionales (y de los que utilizamos en México). Esas medicinas, por esas razones, no suelen ser comercializadas en Estados Unidos, Canadá ni Europa.

Serán medicinas de menor costo, pero también de menor calidad, que no tienen el control de producción que demandan los estándares internacionales, que no están diseñadas para el genotipo específico del mexicano y que violan patentes internacionales.

Pero el problema es mayor. La producción nacional de medicinas iba de la mano con un eficiente sistema de distribución. El gobierno no tiene las cadenas de distribución suficientes para hacer llegar los medicamentos a todo el país. Y eso ya lo teníamos. Habrá, entonces, quizá medicinas, pero será difícil distribuirlas eficientemente, como lo hemos comprobado a lo largo de estos tres años.

Más allá de eso, la compra de medicinas en la India u otros países se encuentra con un escollo legal: el tratado de libre comercio, el T-MEC, que obliga a los países a comprar preferentemente los productos que existan en su propio país, a empresas allí asentadas o, si no, en los otros dos países socios. Las medicinas que se comprarán, hipotéticamente, en la India (en realidad ya se han comprado en estos años) se hubieran podido fabricar y comprar aquí, garantizando, al mismo tiempo, su distribución.

Con un tema adicional en relación al T-MEC y Estados Unidos: el de las patentes. Si los vendedores de esas medicinas están violando derechos de patentes registradas por los grandes laboratorios en los países del acuerdo comercial, habrá todo tipo de demandas. No entiendo por qué, con todos los controles que sean necesarios, no apostamos claramente a nuestras empresas, productores y distribuidores de medicinas.

Es verdad. Robles fue detenida exhibiendo una licencia de conducir con otro domicilio que fue falsificada por los fiscales, como reconoció el propio juez que trató uno de sus amparos, para, de esa forma, justificar la prisión preventiva en el hecho de que no se tenía certeza sobre su residencia. En el caso de la llamada Estafa Maestra no se le ha podido fincar, hasta ahora, delito alguno, aunque su oficial mayor, Emilio Zebadúa, se ha acogido a un criterio de oportunidad similar al otorgado en su momento a Emilio Lozoya, con el objetivo, también, de que denunciara a otras personas, entre ellas a Rosario.

Se inventan pruebas utilizando la prisión preventiva para forzar delaciones. Es un caso similar al de la familia Cuevas Morán, donde la detención también se dio sin pruebas, al del exsenador Jorge Luis Lavalle en relación con el caso de Lozoya o al de José Manuel del Río Virgen, en Veracruz, acusado de asesinato sin pruebas que lo sustenten.

Y son personajes públicos. Imagínese usted cuántos hombres y mujeres están en la cárcel acusados con pruebas falsas o incluso delitos inventados, creados por fiscalías y aceptados alegremente por algunos jueces.