Todos tenían razón, el narco en las boletas

Morena ha confirmado formalmente lo que los juzgadores, la comunidad internacional y el propio gobierno de Estados Unidos advirtieron a los mexicanos: que para la elección judicial estarán en la boleta miembros de los cárteles y el crimen organizado. El órgano rector de la elección aceptó que no los puede excluir. Con todas estas inconsistencias y riesgos para la democracia del país, para los mexicanos y sus familias, lo mejor podría ser tomar distancia de este viciado proceso.

México sufre hoy las presiones de Estados Unidos por los vínculos que se fueron tejiendo en las instituciones con los grupos delincuenciales transnacionales con la complacencia del gobierno anterior. Esta elección proviene de la misma estrategia y no existe, ahora menos, la ligera señal de que no termine entregando al Judicial a los mismos intereses.

La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Latinoamericana de Magistrados y el propio gobierno de Estados Unidos han señalado, con datos y análisis, que este proceso no busca limpiar al Poder Judicial, sino colonizarlo con lealtades políticas y pactos inconfesables.

La supuesta elección abierta es, en realidad, una coartada para imponer desde las urnas a figuras con oscuros antecedentes. Esta maniobra, lejos de democratizar, destruye los frágiles equilibrios institucionales y legitima la injerencia del crimen en los tribunales.

Lo que está en juego no es sólo la independencia judicial, sino la posibilidad misma de un Estado que administre justicia libre de amenazas y componendas.

Si Morena ha sido señalado en los reportes de inteligencia de Estados Unidos, de los cuales el Congreso de ese país tiene vasta información, de estar infiltrado por el crimen organizado, no resulta sorprendente, pero sí muy grave, que haya sido en el comité de evaluación de aspirantes del Legislativo donde se dejó pasar los perfiles cuestionados.

Al momento, la Fiscalía General no ha anunciado una investigación por probable colusión.

Es recordado el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtiendo que la reforma al Poder Judicial representaba un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México y podría permitir la intromisión del crimen organizado en el sistema de justicia. En su visión, cualquier reforma judicial debía tener salvaguardas que garanticen el fortalecimiento institucional, no su debilitamiento.

Habrá que esperar la postura del actual embajador de ese país, el experimentado Ronald Johnson.

La reforma judicial es tan preocupante que empuja a México a la recesión.

El Fondo Monetario Internacional ha reiterado a la baja sus proyecciones para México, anticipando una contracción del PIB (0.3%) por una menor actividad económica en Estados Unidos, los aranceles y la incertidumbre política interna.

Por su parte, el banco Citi considera que México ha caído en una recesión técnica, tras registrar dos trimestres consecutivos de contracción económica. Además, ha señalado que la reforma judicial promovida por el gobierno contribuye significativamente a la incertidumbre económica del país. Según su análisis, los cambios radicales a la Constitución y dicha reforma han generado desconfianza en los mercados y frenado la inversión.

El gobierno parece dispuesto a ir al sacrificio económico, lo que sólo puede llevar a la sospecha del grado de compromisos contraídos.

En breve sabremos si el presidente Donald Trump está dispuesto a que los juicios de las grandes compañías de su país estén en manos de personajes vinculados con el narcotráfico, por ejemplo, en los temas laborales, o adelantará un mensaje a través de su embajador en la recepción de credenciales.

La ciudadanía mexicana se encuentra ante una encrucijada. Votar por candidatos ligados al narco o empujados por Morena, lo que se dará a conocer una semana antes de la elección para el acarreo.